«Desde 2004, la Constitución de la República de Uruguay reconoce que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano fundamental. Sin embargo, en estos casi 13 años, se ha afianzado el modelo productivo del agronegocio y los monocultivos forestales que han deteriorado la calidad del agua,» así lo planteó en diálogo con Radio Mundo Real María Selva Ortiz, integrante de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, en vísperas de un nuevo Día Mundial del Agua, que se conmemora cada 22 de marzo.
“La calidad del agua ha tenido un retroceso en nuestro país por el gran aumento en el uso de la tierra y la consolidación e instalación del agronegocio en el Uruguay en estos últimos 13 años”, explicó Ortiz. Los cultivos de soja y maíz transgénico, así como de monocultivos de árboles se han multiplicado vertiginosamente en la última década, al igual que el uso de agrotóxicos. Todo esto ha incidido en el trabajo de potabilización del agua que realiza la empresa estatal OSE, que ha debido aumentar los costos y aplicar nuevas técnicas para potabilizarla. Ortiz señaló que ese costo es asumido por la población uruguaya. “Este problema se genera en los territorios, por el uso del territorio, pero lo estamos subvencionando: es una externalización de costos que están haciendo las empresas de agronegocios instaladas en nuestro país a todos los uruguayos”.
La reforma constitucional de 2004 garantizó la participación de los usuarios y de la sociedad civil “en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos”. Ortiz integra comisiones de cuencas y consejos de recursos hídricos formados en Uruguay a partir de la reforma constitucional, pero planteó que las organizaciones muchas veces hacen propuestas que no son tenidas en cuenta por el gobierno. Por otra parte, numerosas denuncias demuestran que muchos productores e industriales violan la normativa de protección del agua, sin que el Estado pudiera detectarlo a tiempo; por eso es que se cuestiona la capacidad de control del Estado.
«Uruguay cuenta con dos plantas de celulosa –UPM (ex Botnia) inaugurada en 2007 y Montes del Plata, en 2014- y está planificando la instalación de una tercera, que se ubicaría en el río Negro, en el centro del país,» Ortiz comentó que en ese río ya hay graves problemas de calidad, porque hay tres represas hidrográficas, que incrementan la proliferación de algas tóxicas. Por otra parte, eso implicará un aumento del área forestal.
REDES ha manifestado preocupación por la reforma de la Ley de Riego, que está a estudio del Parlamento uruguayo. El proyecto “establece que un operador privado pueda ser dueño del agua y se la venda a los productores”, algo que para REDES “es absolutamente inconstitucional”, dijo Ortiz. Preocupa, además, el impacto ambiental de los embalses que se crearían, señalaron en Radio Mundo Real.
Por todo esto, en un nuevo Día Mundial del Agua, REDES volvió ayer a denunciar el modelo productivo y, en contraposición, alienta la creación de un Plan Nacional de Agroecología, que ya fue presentado al Parlamento uruguayo.
