La falta de coordinación entre instituciones y organizaciones que trabajan en una misma comunidad aparece como uno de los aspectos relevantes del diagnóstico territorial de salud mental que elabora la Dirección Departamental de Salud de Colonia. El relevamiento, desarrollado mediante encuentros en distintas localidades del departamento, busca identificar las necesidades de cada territorio y establecer las bases del primer Plan Departamental de Salud Mental.
Los psicólogos Leandro Monteagudo y Verona Díaz, integrantes del equipo de la Dirección Departamental de Salud, abordaron los avances de este trabajo durante una entrevista -en Radiolugares-
en la que también analizaron las dificultades de acceso a la atención especializada, el consumo de sustancias entre adolescentes y la importancia de incorporar a las organizaciones sociales en las estrategias de prevención y acompañamiento.
El diagnóstico se encuentra en etapa de elaboración y tiene como fecha prevista de entrega el 15 de noviembre. La coordinación del plan está a cargo de Florencia Mota, quien también integra el equipo responsable del proceso.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los profesionales fue comprobar que, aun cuando existen recursos y organizaciones trabajando en distintas localidades, muchas veces sus acciones se desarrollan de manera independiente, sin mecanismos suficientes de articulación.
Díaz explicó que el objetivo es avanzar hacia un trabajo comunitario e interdisciplinario, en el que las instituciones puedan conocer los recursos disponibles y establecer formas de intervención compartidas.
La situación presenta una dificultad adicional: Colonia reúne localidades con características sociales, culturales y territoriales diferentes. Por esa razón, el plan deberá combinar criterios generales de actuación con respuestas adaptadas a las necesidades de cada comunidad.
Adolescencia, vejez y ruralidad entre las prioridades
El relevamiento territorial permitió identificar tres poblaciones y ámbitos que requieren especial atención: los adolescentes, las personas mayores y quienes viven en zonas rurales.
Díaz señaló que las problemáticas no se presentan de la misma manera en todas las localidades. Las posibilidades de acceder a servicios de salud, espacios recreativos, grupos de acompañamiento o profesionales especializados varían según el territorio.
Entre los asuntos identificados aparecen el consumo problemático de sustancias, la prevención de la conducta suicida y las necesidades de recreación y participación social de las personas mayores.
Los profesionales insistieron en que la salud mental no debe entenderse únicamente desde la enfermedad o la atención clínica. También comprende las relaciones familiares, los vínculos sociales, las actividades recreativas y las condiciones en las que transcurre la vida cotidiana.
Esta perspectiva amplía el campo de intervención más allá de los consultorios y plantea la necesidad de involucrar a instituciones educativas, organizaciones comunitarias y otros organismos públicos.
Monteagudo explicó que ya se desarrollan talleres de sensibilización en coordinación con diferentes instituciones, entre ellas el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), y mencionó actividades realizadas en Ombúes de Lavalle y Colonia. El equipo también trabaja en la planificación de nuevas instancias para 2027.
En el caso de las personas mayores, destacó la importancia de coordinar acciones con organismos que cuentan con experiencia específica en esa población, como el Ministerio de Desarrollo Social.
El consumo de alcohol y el uso de pantallas preocupan en la adolescencia
Otro de los temas centrales de la entrevista fue el consumo de sustancias entre adolescentes.
Monteagudo sostuvo que el alcohol continúa siendo la principal sustancia consumida en edades tempranas y citó los resultados de la décima encuesta sobre consumo de drogas en estudiantes, correspondiente al período 2024-2025.
Según explicó, el relevamiento ubica al alcohol por delante de las bebidas estimulantes, los tranquilizantes y el cannabis. Durante la conversación, mencionó los 13 años como una edad de referencia vinculada al inicio del consumo.
El psicólogo planteó que resulta necesario examinar la aceptación social del alcohol y su presencia habitual en los espacios familiares. En ese sentido, hizo referencia a campañas de la Junta Nacional de Drogas que buscan visibilizar conductas de consumo naturalizadas en la vida cotidiana.
La conversación también abordó la regulación del cannabis en Uruguay y sus efectos sobre la percepción social del consumo.
Monteagudo recordó que la política de regulación estuvo acompañada por el desarrollo de dispositivos de atención, entre ellos Ciudadela, destinados al abordaje de situaciones de consumo problemático.
Díaz, por su parte, señaló que la regulación de una sustancia no significa que su consumo sea inocuo ni que desaparezcan los riesgos asociados.
Más allá de las sustancias, ambos profesionales identificaron otro fenómeno que merece atención: el uso excesivo de pantallas y redes sociales.
Monteagudo advirtió que esta situación no se limita a los adolescentes, sino que también alcanza a adultos y personas mayores. Entre sus preocupaciones mencionó la frustración que puede generar la exposición constante a contenidos y modelos de vida que no siempre se corresponden con las posibilidades reales de las personas.
Díaz agregó que la velocidad con la que circula la información plantea nuevos desafíos para las familias y las instituciones educativas, especialmente en una etapa de la vida en la que se construyen vínculos, intereses y formas de relacionarse.
Recursos disponibles, pero con dificultades para trabajar en conjunto
Uno de los hallazgos que los profesionales consideran relevantes es la existencia de organizaciones y proyectos comunitarios que desarrollan actividades relacionadas con la salud mental, aunque sin una coordinación suficiente entre ellos.
Díaz explicó que el diagnóstico permitió observar recursos vinculados a la recreación, la atención de situaciones de consumo y diferentes iniciativas sociales que funcionan de manera relativamente independiente.
El desafío, sostuvo, consiste en establecer mecanismos que permitan conectar esas experiencias y facilitar respuestas coordinadas.
Durante el relevamiento se visitaron alrededor de una decena de localidades. Los entrevistados señalaron que no fue posible concretar encuentros en todos los municipios por dificultades de coordinación de fechas.
La diversidad territorial constituye, al mismo tiempo, una característica que el plan deberá contemplar.
Frente a la posibilidad de aplicar un mismo modelo en todo el departamento, Díaz aclaró que la intención no es desconocer las particularidades locales, sino disponer de herramientas comunes para orientar las intervenciones.
Esto supone identificar las necesidades específicas de cada localidad y, al mismo tiempo, establecer protocolos que permitan saber cómo actuar ante determinadas situaciones y a qué instituciones recurrir.
La profesional utilizó como ejemplo el ámbito educativo. Un docente, un adscripto o un director pueden ser los primeros adultos fuera del entorno familiar en conocer una situación de ansiedad, violencia o dificultades familiares que afecte a un niño o adolescente.
En esos casos, contar con información sobre los recursos existentes y con procedimientos de derivación puede contribuir a una respuesta más organizada.
La propuesta busca evitar que cada institución deba resolver de manera aislada situaciones que requieren la intervención de diferentes actores.
Carmelo y las dificultades para acceder a atención especializada
La disponibilidad de profesionales de salud mental fue otro de los asuntos abordados durante la entrevista.
Monteagudo reconoció las limitaciones de recursos existentes y señaló que la implementación del plan departamental no resolverá por sí sola las dificultades de atención mediante la incorporación de psicólogos y psiquiatras.
En el caso de Carmelo, mencionó que hubo llamados para cubrir cargos de psiquiatría que quedaron vacantes.
Ante esa situación, explicó que se trabaja con médicos de familia, cuya formación permite abordar diferentes dimensiones de la salud y colaborar en el seguimiento de pacientes.
También destacó el papel que cumplen estos profesionales en los dispositivos Ciudadela, particularmente cuando se requiere atención médica o seguimiento de tratamientos farmacológicos.
Según indicó, cuando una situación necesita atención especializada o presenta carácter urgente, se realizan las coordinaciones correspondientes.
El planteo dejó expuesta una de las tensiones que atraviesan la atención en salud mental: la necesidad de ampliar las respuestas disponibles mientras persisten dificultades para contar con determinados especialistas en el territorio.
Para Monteagudo, las redes comunitarias pueden contribuir a mejorar el acompañamiento, aunque su desarrollo requiere identificar los recursos existentes y fortalecer la coordinación entre los diferentes servicios.
El papel de las organizaciones sociales en Carmelo y Nueva Palmira
La participación de la sociedad civil también ocupó un espacio importante en la conversación.
Durante la entrevista se recordó la experiencia de la organización Últimos Recursos, que desarrolló actividades vinculadas a la prevención del suicidio y al trabajo territorial en Carmelo y Nueva Palmira.
Desde la conducción de la entrevista se planteó que aquella experiencia había contado con colaboración comunitaria y apoyo municipal, y se cuestionó la interrupción de ese respaldo.
Los profesionales aclararon que no disponían de información suficiente sobre las circunstancias de esa situación para realizar una valoración.
No obstante, Monteagudo reconoció la existencia de organizaciones civiles que trabajan actualmente en el abordaje del consumo problemático en Carmelo y señaló que algunas iniciativas reciben apoyo estatal.
La discusión permitió profundizar en uno de los objetivos del diagnóstico: reconocer los recursos comunitarios, independientemente de que pertenezcan a organismos públicos o a organizaciones sociales.
Desde esa perspectiva, la coordinación no se limita a las instituciones del sistema sanitario. También comprende espacios educativos, organizaciones civiles y otros ámbitos que mantienen contacto directo con las personas y sus familias.
La salud mental como responsabilidad compartida
Los entrevistados coincidieron en que la atención de la salud mental requiere una mirada que exceda las competencias exclusivas del Ministerio de Salud Pública.
Díaz mencionó la necesidad de integrar a la educación, la seguridad y otros sectores del Estado, especialmente cuando se trata de situaciones que afectan a niños y adolescentes.
La conversación también incluyó el papel de las familias y las responsabilidades de los adultos frente a problemas de consumo, violencia y otras situaciones que involucran a menores de edad.
Consultados sobre la intervención del sistema judicial, los profesionales reconocieron que no contaban con registros específicos para evaluar ese aspecto.
Monteagudo planteó, además, una interrogante sobre el alcance de las respuestas punitivas frente a problemas que tienen múltiples causas y requieren intervenciones sostenidas.
La discusión volvió así a uno de los conceptos centrales de la entrevista: los problemas de salud mental no responden a una única causa y, por lo tanto, tampoco pueden abordarse mediante una sola institución o modalidad de atención.
Del diagnóstico a las respuestas concretas
La elaboración del Plan Departamental de Salud Mental representa una instancia para reunir información sobre las necesidades y los recursos disponibles en Colonia.
Sin embargo, las declaraciones de Monteagudo y Díaz muestran que el trabajo no termina con la identificación de las problemáticas.
El siguiente desafío será traducir los resultados del diagnóstico en mecanismos de coordinación, protocolos de actuación y acciones ajustadas a las características de cada localidad.
En Carmelo, donde la entrevista puso sobre la mesa las dificultades para acceder a determinadas especialidades y la experiencia acumulada por organizaciones comunitarias, esa articulación adquiere una importancia particular.
Los profesionales señalaron que hablar de salud mental supone también reconocer las posibilidades de prevención y acompañamiento que existen fuera de los servicios asistenciales.
El diagnóstico todavía no está concluido. Sus resultados definitivos y las medidas que se incorporen al plan permitirán conocer con mayor precisión cómo se pretende responder a las necesidades identificadas durante los encuentros territoriales.
La cuestión que queda planteada es cómo convertir el conocimiento de esas realidades locales en una red de atención y acompañamiento que permita a las personas saber dónde acudir, con quién contar y qué respuesta pueden recibir ante una situación de salud mental.