El gasto público en educación tuvo en 2024 un efecto redistributivo claro en Uruguay, pero su impacto fue mayor en el interior del país que en Montevideo. Esa es una de las conclusiones centrales del informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), que analiza cómo se distribuyen los recursos estatales destinados a educación inicial, primaria, secundaria y técnica.
Según el documento, el Estado transfirió a los hogares beneficiarios un monto equivalente al 20% de sus ingresos a través de la educación pública. Ese gasto redujo el coeficiente de Gini en 0,03 puntos, lo que confirma su papel como política de redistribución. El dato más fuerte aparece al observar la distribución por ingresos: el 10% de la población de menores recursos captó el 34,8% del gasto público educativo por estudiante, mientras que el 10% más rico recibió menos del 0,5%.
El interior aparece como un territorio donde esa transferencia tiene mayor peso social. Allí, la incidencia media del gasto triplica a la de Montevideo: 0,15 frente a 0,05. También es mayor el efecto sobre la desigualdad, con una reducción estimada de 0,02 puntos en el índice de Reynolds-Smolensky, contra 0,01 en la capital. El informe vincula esta diferencia con una mayor presencia de la educación pública y una menor participación relativa del sector privado fuera de Montevideo.
Por subsistemas, la educación técnica es la más progresiva, porque concentra una proporción importante de estudiantes de hogares vulnerables. Sin embargo, su menor cobertura limita su impacto redistributivo. El mayor efecto final lo mantiene inicial y primaria, por su alcance más amplio.
La lectura para el interior es directa: donde el sistema público sostiene buena parte de las trayectorias educativas, cada peso invertido tiene mayor capacidad de compensar desigualdades. El desafío, según surge del informe, no es solo orientar mejor el gasto, sino asegurar cobertura suficiente y modalidades que lleguen efectivamente a los hogares que más dependen de la educación pública.