El edil del Frente Amplio Carlos Fernández presentó en la Junta Departamental de Colonia un planteo para que se analice la situación de fraccionamientos rurales ubicados en la faja costera del departamento, en una zona comprendida entre el arroyo Sauce y el arroyo Artilleros. El expediente ingresó el 11 de mayo de 2026 y fue clasificado como un planteamiento de trámite normal.
La preocupación central del edil apunta a determinar si esos fraccionamientos respetaron la normativa de ordenamiento territorial, en particular las disposiciones vinculadas a la protección de la costa y al acceso público a la ribera. Según el documento, los padrones involucrados irían del L-24568 al L-24607, con referencias además a un padrón próximo a Artilleros y al padrón 24592, ubicado en Punta Artilleros.
Fernández sostiene que el fraccionamiento habría sido tramitado con intervención del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de la Dirección Nacional de Catastro. Sin embargo, el planteo advierte que esa eventual aprobación no sustituye las competencias del Gobierno departamental en materia de planificación, regulación y control del uso del suelo.
El edil relata que, tras reunirse con vecinos y con autoridades departamentales, surgió una inquietud: la Intendencia de Colonia no habría tenido conocimiento formal de la situación ni habría sido consultada durante el procedimiento. En ese marco, pidió verificar si el Ejecutivo departamental emitió informes técnicos o jurídicos y si existió coordinación con los organismos nacionales intervinientes.
El caso se inscribe en una discusión más amplia sobre el uso de la faja costera, un área sensible por su valor ambiental, paisajístico y social. El documento señala que la eventual falta de adecuación a los instrumentos de ordenamiento territorial podría generar impactos negativos sobre el territorio, restringir el acceso público a la costa y favorecer situaciones que los vecinos interpretan como una forma de “playa privada”.
Fernández también planteó la necesidad de confirmar si se respetó la cesión de los primeros 150 metros desde la ribera a lo largo del fraccionamiento, estimado entre ocho y diez kilómetros. Esa verificación, según el edil, es clave para determinar si el procedimiento se ajustó plenamente a la normativa vigente o si existen eventuales irregularidades administrativas.
La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible establece el marco general para la planificación del territorio y asigna competencias a los Gobiernos departamentales en la regulación del suelo. Además, la normativa nacional prevé una protección especial para las zonas costeras y dispone que los instrumentos de ordenamiento territorial atiendan la preservación de esos espacios.
El planteo solicita que la Junta Departamental exhorte al Ejecutivo de Colonia a adoptar medidas preventivas mientras se analiza el caso. Entre ellas, Fernández propone suspender habilitaciones o autorizaciones departamentales vinculadas a los fraccionamientos y frenar eventuales obras, aperturas de calles o comercialización de lotes hasta que se confirme su adecuación a la normativa territorial.
El edil también pidió que la zona quede comprendida en el Plan de Ordenamiento Territorial de Tarariras antes de que se produzcan nuevos avances. A su entender, no deberían autorizarse cambios en el territorio hasta contar con certezas jurídicas, técnicas y ambientales sobre el alcance del fraccionamiento.
La presentación deja planteado un conflicto que combina desarrollo inmobiliario, protección costera y competencias institucionales. Para Fernández, la Junta Departamental y la Intendencia deben actuar antes de que los hechos consumados dificulten la defensa del interés público, en especial en una zona donde vecinos y pescadores afirman verse afectados por la forma en que se delimitan y utilizan los predios linderos a la costa.