Montevideo, 28 may (EFE).- Los restos hallados el 6 de junio del pasado año durante el trabajo de búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura (1973-1985) llevado a cabo en el Batallón 14 del Ejército de Uruguay pertenecen a Amelia Sanjurjo Casal.
Así lo informó este martes el fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe, quien brindó una conferencia de prensa acompañado por integrantes de la agrupación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
«En el día de hoy el EAAF de Argentina (Equipo Argentino de Antropología Forense) nos confirmó en un 99,99 % que se trata de Amelia Sanjurjo Casal», señaló.
Al mismo tiempo explicó que el resultado arribó luego de un largo trabajo llevado a cabo con el Grupo de Investigación de Antropología Forense de Uruguay, la Institución Nacional de Derechos Humanos y con la agrupación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
Detalló que este incluyó exhumaciones de cuerpos y toma de muestras de exámenes de familiares en Uruguay y en el extranjero.
«Amelia Sanjurjo Casal fue una militante social y política que por el solo hecho haber resistido a la dictadura civil y miliar que operó en el país fue detenida el 2 de noviembre de 1977 y trasladada al centro clandestino de detención y torturas La Tablada», detalló Perciballe en la conferencia.
Asimismo, agregó que en ese lugar «fue sometida a diversos y aberrantes tormentos que le provocaron su muerte», ocurrida cuando tenía 41 años y cuando se presumía que estaba embarazada.
Por otra parte, el fiscal señaló que la causa se encuentra archivada y que en los próximos días presentará un escrito para su reapertura e investigar quién o quiénes fueron los responsables directos de su desaparición forzada y asesinato.
Los restos humanos de una posible persona desaparecida en la dictadura cívico-militar fueron hallados el 6 de junio durante los trabajos de excavación que se desarrollaron en un predio del Batallón 14 del Ejército, ubicado a las afueras de Montevideo.
Inmediatamente, el equipo de antropólogos forenses de la Institución Nacional de Derechos Humanos comenzó a trabajar para retirar el esqueleto.
El 21 de julio, un estudio llevado adelante por un laboratorio genético en Argentina determinó que el cuerpo había sido torturado durante la dictadura.
«Por ser este un enterramiento clandestino en predio militar de larga data, con material asociado destinado a la desintegración cadavérica, con restos óseos humanos que presentan traumatismos peri mortem a nivel de columna cervical producto de violencia que puede estar relacionado con la causa de muerte», detalló el informe leído ese día por la antropóloga Alicia Lusiardo.
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