Por Jacinta Rivera Trobo
Emprender un camino «provida» para la mujer fue la decisión que un grupo de trabajadores de la salud tomó en Uruguay hace 20 años ante los abortos practicados en situación de riesgo.
El médico Leonel Briozzo, fundador de la organización Iniciativas Sanitarias, analiza para Efe el modelo de atención que derivó, una década después, en la aprobación de una ley pionera en la región, que despenaliza el aborto y vela por los derechos sexuales y reproductivos.
El ginecólogo uruguayo relata cómo se las ingeniaron para diseñar y poner en práctica un modelo de «reducción de riesgo y daño», en el que no se entra en juicios morales sobre la decisión que la mujer toma, sino que se la asesora, basándose en evidencias científicas, sobre las opciones que existen y cómo es el proceso.
«Nuestra visión fue defender que cualquier mujer, en cualquier circunstancia, tiene derecho a la salud, también cuando cursa un embarazo no deseado«, explica.
Este enfoque de trabajo, basándose, en primera instancia, en el derecho a la salud y no en el derecho a decidir, les permitió conseguir apoyos y, de la mano del movimiento feminista en Uruguay, que reivindica los derechos sexuales y reproductivos desde hace cuatro décadas, comenzaron a asesorar y acompañar mujeres.
De manera «confidencial, humana y con calidad». Así trabajó este pionero equipo con las mujeres que se planteaban interrumpir una gestación en curso. «El aborto era un hecho ilegal, pero tiene un antes y un después y ahí es donde los profesionales de la salud debemos actuar», apunta Briozzo.
«Con este modelo los profesionales de la salud damos el primer paso para ser parte de la solución, te sacas la atadura de lo legal y pasas a actuar con la ética como bandera», argumenta el médico.
«No estamos dispuestos a dejar el valor de la vida a los que son antiderechos e impulsan políticas que promueven la muerte, la falta de dignidad y graves problemas de salud», sentencia Briozzo, al explicar que no existe contradicción en ser provida y proderechos.
Asimismo, subraya que «si se promueve la penalización va a haber más abortos y, por lo tanto, más muertes de embriones y fetos, más enfermedades y muertes de mujeres y, por lo tanto, mayores riesgos para la infancia y la sociedad».
Gracias al trabajo de los movimientos sociales y de organizaciones como esta, desde la que Briozzo lideró este modelo de asesoramiento, Uruguay cuenta, desde octubre de 2012, con una ley que despenaliza el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, 14 semanas en supuesto de violación, y en cualquier momento del embarazo en caso de malformación o riesgo para la salud de la madre.
Una de las piezas clave para que esta Ley viera la luz fue el entonces presidente José Mujica (2010-2015), «el único presidente de la primera ola del progresismo latinoamericano que tuvo agallas y libertad de pensamiento» para apoyar esta normativa», subraya Briozzo.
El camino recorrido por Uruguay, en el que un grupo de sanitarios comprometidos con los derechos sexuales y reproductivos consiguieron reducir los riesgos para las mujeres en las interrupciones de embarazo es un camino posible para «toda América Latina, África y Asia», asegura Briozzo con motivo de la presentación del libro «Uruguay: la revolución de los derechos sexuales y reproductivos».
Esta publicación, que cuenta con el testimonio de referentes regionales en la lucha por esos derechos de la mujer, relata los 20 años de historia de la organización.
«No tiene ninguna ciencia, no es caro y no necesita tecnología», bromea el ginecólogo, quien relata que ya se desarrollaron experiencias similares en Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Venezuela.
EFE