El uruguayo Fleming Julio Gallo Sconamiglio, exmilitante del Partido Comunista reclamado en su país por delitos de lesa humanidad y torturas a varias personas en el periodo de la dictadura cívico-militar (1973-1985), se proclamó este lunes inocente de esos cargos ante la Justicia española y se negó a ser extraditado, alegando que cuando se produjeron los hechos estaba en prisión.
Así lo expuso en la vista de extradición, celebrada hoy en la Audiencia Nacional española, en la que el fiscal ratificó su informe por el que considera que no procede la extradición al estar prescritos lo hechos conforme a la legislación española.
El fiscal, tras observar que la demanda de extradición «adolece de falta de precisión y pulcritud», recordó que el delito de lesa humanidad entró en vigor en España en 2004 mientras que los hechos por los que se reclama a este ciudadano uruguayo se prolongaron hasta 1979, por lo que entiende que es de aplicación el principio de irretroactividad de la ley penal. ´
La defensa de Gallo, que llegó incluso a pedir que se condene al Gobierno uruguayo en costas por el tiempo que ha estado su cliente en prisión, compartió el mismo argumento del fiscal para oponerse a la entrega y consideró que existe un «trasfondo político» que actúa también de barrera en esta extradición.
Si bien al tratarse de una extradición el tribunal no entra en el fondo de los hechos, el abogado quiso destacar que su cliente es inocente porque cuando ocurrieron los crímenes de los que se le acusa estaba preso y tampoco era funcionario público.
Circunstancia esta última de la que la defensa de Fleming Gallo pidió que quede constancia a los efectos de valorar su conducta, ya que en Uruguay «se trabaja bajo dos hipótesis»: a los delitos cometidos por personas privadas les acoge la amnistía pero no así a lo funcionarios, señaló.
A su juicio, lo que hay detrás de esta reclamación es un «trasfondo político», ya que cuando estuvo preso tuvo que declarar en contra de compañeros suyos y esa colaboración era entonces una colaboración con la Justicia «y eso no es un delito».
Su abogado cree que se han montado «esta extradición tan aparatosa con el fin de saldar cuentas por esas delaciones cuando nuestro cliente estaba en prisión».
Fermín Gallo fue detenido el pasado 24 de abril en Fraga (Huesca, noreste de España), y no en septiembre, como decía por error el informe del fiscal y que corrigió en la vista.
Según la reclamación, se le atribuye haber participado en la detención ilegal y las torturas a las que fueron sometidas distintas personas, en agosto de 1979, en las dependencias de los Fusileros Navales (Fusna), dependiente de la Armada Nacional de Uruguay.
En su turno de última palabra, Fleming Gallo se limitó a decir que confiaba en la justicia española.
EFE
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