La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió suspender la entrada en vigencia de la Acordada nº 8119 de reorganización de comunidades geográficas (divulgada mediante Circular nº 92/2021 del 19/ago/2021) que tenía la finalidad de optimizar “los recursos humanos, materiales y presupuestales existentes”.
La decisión se funda en la existencia de «posturas publicitadas por diferentes actores institucionales» que dan mérito al interés del Poder Judicial de «abrir un ámbito de negociación con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo a fin de obtener los recursos indispensables para un adecuado funcionamiento de las distintas sedes judiciales».