Cuatro meses después de ser investido presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou ya cuenta con el instrumento «necesario» para gobernar cinco años (2020-2025) tras conseguir el visto bueno final del Parlamento este miércoles a la Ley de Urgente Consideración (LUC), buque insignia de su campaña electoral.
El propio mandatario lo celebró en Twitter, donde expresó su «gran satisfacción».
«El Parlamento acaba de aprobar finalmente la #LUC. El reconocimiento al trabajo de todos los legisladores que le pusieron esfuerzo, inteligencia y capacidad negociadora. Gran satisfacción de tener este instrumento necesario, justo y popular que hace muchos años comprometimos», escribió el presidente.
UN PROGRAMA DE GOBIERNO HECHO LEY
Con casi 500 artículos, la LUC trata diferentes asuntos relativos a la seguridad, educación, economía o salud, como la flexibilización de la legítima defensa policial, la regulación del derecho de huelga o la creación del Ministerio de Ambiente.
Este paquete legislativo fue la apuesta principal de Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN, centroderecha), en la campaña electoral para las elecciones de octubre de 2019 que le darían la Presidencia de Uruguay tras derrotar al candidato oficialista, Daniel Martínez (Frente Amplio, FA, izquierda), en el «balotaje» de noviembre.
«Esta ley es la clave para que, complementada por el Presupuesto, se proyecte la gestión de los cinco años de Gobierno del presidente (Luis) Lacalle Pou», aseveró a Efe el senador del PN Sergio Abreu tras terminar la sesión en la que la Cámara Alta aprobó las modificaciones al texto propuestas por la Cámara de Representantes.
Precisamente, esta amplia batería de temas que aborda bajo el rótulo de «urgente consideración», por el cual el Poder Legislativo contaba con menos de 90 días para su aprobación, fue una de las principales críticas del FA.
«(La aprobación de la LUC) tiene consecuencias en la calidad democrática porque realmente en esta ley no se pudo dar un debate profundo como se merece», denunció el frenteamplista Charles Carrera.
EN MEDIO DE LA PANDEMIA
La llegada del coronavirus a Uruguay y la declaración de emergencia sanitaria el 13 de marzo, cuando se detectaron en el país los cuatro primeros casos, retrasaron el envío de este proyecto de ley al Parlamento, algo que el Ejecutivo tenía planeado para los primeros días de marzo -Lacalle Pou asumió su cargo el día 1- y que retrasó hasta el 23 de abril.
Con mascarilla y las ausencias de grandes figuras del Senado, como los expresidentes José Mujica (2010-2015) y Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) por su avanzada edad, la LUC fue tramitada en jornadas maratonianas de más de 12 horas, salvo la última sesión, la de este miércoles, que aprobó las casi 40 modificaciones hechas por los diputados en solo dos horas.
Algunas medidas del proyecto, como la flexibilización de la legítima defensa policial, la no obligatoriedad de cobrar por medios electrónicos o la prohibición de ocupar espacios de trabajo ante huelga sindical, han sido cuestionadas por el FA y colectivos sociales.
De hecho, la LUC fue motivo de una de las primeras manifestaciones presenciales, a la que acudieron cientos de personas en medio de la pandemia.
UN REFUERZO A LA COALICIÓN
Esta ley fue aprobada este miércoles con 18 votos favorables, los de los 17 senadores de la coalición de centro-derecha que gobierna Uruguay desde el 1 de marzo, integrada por Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto -el Partido Independiente y el de la Gente no cuentan con representación en la Cámara Alta- y el de la presidenta del Senado y vicepresidenta del país, Beatriz Argimón.
La aprobación de este paquete legislativo supone un refuerzo a la «coalición multicolor» después de que el canciller de Uruguay, Ernesto Talvi, renunciara a su cargo el 1 de julio, apenas 24 horas antes de que el país asumiera la presidencia pro témpore del Mercosur.
«Gran TAREA DE EQUIPO de TODA LA COALICIÓN», escribió la senadora nacionalista Carmen Asiaín.
La renuncia de Talvi, que dejó al Partido Colorado con dos de las tres carteras que tenía en el Ejecutivo, se compensará casi con toda seguridad con la designación de un correligionario para el futuro Ministerio de Ambiente.
El Parlamento remitirá la ley al Ejecutivo, que cuenta con diez días para su promulgación.
(EFE)