La suspensión transitoria del llamado “corralito mutual” obedece a la necesidad de erradicar la intermediación lucrativa, que en 2017 creció exponencialmente entre los usuarios que cambiaron de prestador. No obstante esa medida, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, precisó que el usuario puede solicitar la emigración durante todo el año, bajo ciertas circunstancias, y aseguró que próximamente se podrá hacer por Internet.
La estabilidad del sistema de salud uruguayo se aprecia al verificar el bajo número de personas que solicitan cambiarse de prestador, destacó Basso. “Cada febrero desde 2011, menos de 5 % de los habilitados para cambiarse de prestador lo hace e, inclusive, el año pasado (la cifra) solo llegó a 3,4 % (equivalen a unas 60.000 personas)”, explicó.
La posibilidad de cambiar de institución está vigente ahora durante todo el año y muchas personas no lo saben, admitió el ministro de Salud Pública. Las causales para tal decisión pueden ser tres: el cambio de domicilio, problemas económicos para afrontar copagos o situaciones con un prestador que generaron disconformidad en el usuario. En promedio, un millar de personas solicita cada año el pase de prestadora por el último motivo, añadió.
La decisión de no abrir este año el llamado “corralito mutual” obedece a la necesidad de erradicar la intermediación lucrativa, delito que se perpetra cuando se le ofrece dinero a un usuario para cambiarse a determinada institución de salud. “En los últimos meses, esa añeja práctica tuvo un crecimiento exponencial, al punto de que se hicieron más de 30 denuncias penales y hubo más de 60 procesados”, apuntó.
“Trabajamos con los jueces de crimen organizado porque hubo un cambio del modus operandi de los que realizan esta actividad”, añadió Basso. Se detectó que, si bien la cantidad de personas que cambiaba de institución cada vez era menor, la intermediación lucrativa era cada vez mayor, por lo cual el ministerio trabajó con los prestadores para intentar disminuir ese efecto y se comprobó que en algún momento el dinero destinado a publicidad para captar afiliados se destinaba a ese fin delictivo.
“En realidad no sabemos cuántas personas fueron las que cambiaron de institución por dinero, pero sí sabemos que hubo denuncias de esos hechos y varios casos comprobados en la investigación que realizó la justicia del crimen organizado”, indicó.
Basso adelantó que se trabaja junto al Banco de Previsión Social y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) para que próximamente los usuarios puedan cambiar de prestador de salud desde su computadora personal, al igual que pagan sus cuentas y realizan distintos trámites.
“Es una asignatura pendiente pero tenemos la voluntad y la herramientas para resolver este tema, porque hay que evitar que haya dinero público alimentando un delito”, abundó.