Por Diputado Edmundo Roselli (Partido Nacional) /
Se conoció en estos días que el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) Ing. Agr. Tabaré Aguerre se encuentra entre los productores que accederán al cuarto Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera, por el cual recibirá 180.978 dólares.
Se informó también que no es la primera vez que Aguerre recurre al beneficio, habiendo recibido préstamos en otras oportunidades.
El fondo arrocero es administrado por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas y otro del MGAP y corresponde a éste último controlar y sancionar por atrasos en los pagos.
El presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) Ernesto Stirling, explicó a la prensa que los interesados en recibir el préstamo del Fondo deben reunir determinadas condiciones y deben elevar una declaración jurada al MGAP.
Stirling dijo que como productor Aguerre tiene derecho a acudir al Fondo como cualquier otro porque “todos somos iguales ante la ley”.
Al tomar estado público el hecho generó una serie de reacciones periodísticas y políticas que activó la característica suspicacia del ciudadano uruguayo común que legítimamente se preguntó sobre la pertinencia del beneficio solicitado por el ministro de Ganadería en un trámite que precisamente es ese Ministerio el que tiene que decidir.
Lo primero que hay dejar en claro la legalidad del mismo, algo que nadie ha cuestionado directamente.
Pero en política también hay que atender a la ética, y en esto debemos ser sumamente cuidadosos porque hace a la democracia y al tipo de democracia que tenemos, además de afectar la honorabilidad de las personas.
Como todos sabemos el ministro Aguerre también es productor agropecuario y es como tal que solicita el préstamo del Fondo. Está claro que al aceptar un cargo público de la importancia de una Secretaría de Estado implica anteponer su responsabilidad como tal a cualquier otra que pudiera surgir en su actividad privada, sin embargo parece claro que tiene derecho a realizar trámites como el que se cuestiona siempre y cuando se ajuste a las exigencias del mismo, y todo indica que accedió al Fondo como lo hicieron muchos otros productores, cumpliendo con lo que la norma indica.
La actividad agropecuaria necesita inversiones permanentes y no siempre se poseen los recursos necesarios por lo que se debe acudir a las herramientas existentes en un plano de igualdad con el resto de los productores. Sabemos también que el agro está atravesando momentos de dificultad y que el ministro deba endeudarse para viabilizar su producción es una situación normal.
Como dijo el presidente de la ACA, lo importante es que todos somos iguales ante la ley y eso implica que todos tenemos las mismas oportunidades, las mismas obligaciones, los mismos derechos y los mismos beneficios.
En tanto no haya nada que indique tráfico de influencias, incumplimiento de la normativa que regula el fondo arrocero o una conducta claramente reñida con su condición de ministro, creo que el Ing. Aguerre tiene todo el derecho de solicitar préstamos para su producción. Centrar las críticas sólo por su condición de ministro del Frente Amplio no le hace bien al país, a la democracia ni a la oposición.