Por Elio García |
El diputado comunista Gerardo Núñez propone topear el precio anual del alquiler, en el 4% del valor catastral de la vivienda. Su proyecto de ley ya ingresó formalmente a la Cámara de Diputados.
En los últimos 10 años, los precios de los alquileres subieron por encima de los salarios y la inflación, explica el diputado en una entrevista realizada por Carmelo Portal esta semana, cuando llegó a la ciudad de Carmelo a dialogar sobre este tema con diversos actores locales.
¿A qué responde esta necesidad de este proyecto de ley sobre alquileres?
Responde a una situación de extrema injusticia que existe en nuestro país relacionado al precio de los alquileres si lo comparamos con los ingresos familiares que tienen los uruguayos. Desde el 2005 el precio de los alquileres ha venido aumentando por encima de la inflación y también por el índice medio salarial. Esto hace muy difícil a la familia de trabajadores solventar mes a mes un alquiler al precio que actual.
El precio de los alquileres no está regulado ¿por qué?
Porque hay un decreto Ley 14219 creado en la época de la dictadura que borró la regulación que existía previamente y todo quedó al libre mercado.
¿Cuál era la fundamentación para hacerlo?
La libertad a la hora de establecer un contrato, pero esta la pone el que pone el precio, no el inquilino, porque éstos últimos casi nunca están en condiciones de negociar o pelear una baja del costo.
¿Qué propone su proyecto de ley de alquileres?
Regular el precio. Multar a los propietarios de inmuebles vacíos o abandonados. En Uruguay hay más de 100.000 casas en ese estado, lo que genera una situación inmobiliaria conflictiva.
¿Por qué?
Porque podrían todas esas casas estar en condiciones de volcarse al mercado y ser alquiladas o vendidas a través de algún programa social. El tema es que grandes sectores inmobiliarios utilizan estas viviendas vacías para especular. Manteniendo así en alta la demanda y así sostienen los precios altos.
¿Cuántas familias estarían hoy día en problemas con los alquileres?
El 27% de las viviendas en Montevideo son alquiladas y en el interior el promedio anda entorno al 22 y 23%, eso representa en parte la situación del problema.
¿Qué características tienen esas familias?
Se trata de sectores de la población que están en situación de poder pagar un alquiler pero no tienen condiciones de generar ahorros para comprar una casa o sostener un crédito inmobiliario y tampoco ingresar a un programa de vivienda cooperativa.
En el imaginario de la familia uruguaya está el objetivo de vida de tener la casa propia, ¿su proyecto alcanza a tocar ese ideal?
En este caso atacamos directamente al alquiler, pero desde nuestro punto de vista la idea es construir un movimiento social que pelee por la vivienda como derecho fundamental de la persona.
¿No visualiza que su proyecto puede llegar a ser muy resistido por sectores de la sociedad?
Sí, sabemos que será muy resistido por ejemplo en el sector inmobiliario.
¿Han hablado con el sector inmobiliario?
Con algunos.
¿Con quiénes?
Con los pequeños propietarios y no lo ven como algo alocado.
¿Qué beneficios podría tener con su proyecto el propietario de una casa que quiere alquilarla?
Estamos previendo en los pequeños propietarios que puedan llegar a beneficiarse con algunos elementos vinculados a exoneraciones tributarias.
Supongamos que la Ley es aprobada y puesta en vigencia ¿quién pondría el precio de la vivienda?
El precio de la vivienda se fijaría en función del valor de cada inmueble vinculado a catastro y no al valor del mercado.
¿Por qué esta diferencia?
Porque si estableciéramos un porcentaje sobre el precio de mercado basta con que los grandes grupos económicos se pongan de acuerdo en el precio y siempre iríamos atrás. Por eso establecemos un valor efectivo, particular de cada inmueble, como se cobra la contribución inmobiliaria. Nosotros estableceríamos un porcentaje sobre ese valor y ese sería el tope anual para cobrar por concepto de arrendamiento. Lo dividiríamos entre doce porque los pagos son mensuales.
¿Cómo pensaron las garantías?
Generalizaríamos la garantía de Contaduría de la Nación, por lo que incluiríamos a los trabajadores privados.
¿Qué pasaría con sectores de la población que no realizan aportes al BPS y trabajan en el informalismo?
Esto podría focalizarse con la garantía del Ministerio de Vivienda, por lo menos una parte. Esto no está en el proyecto pero lo estuvimos discutiendo. La idea sería crear una especie de seguro, algo distinto a la garantía habitual. Este seguro, en caso de no poder pagar el mes de alquiler, existiría una cláusula que permitiría asegurarle al propietario el pago del alquiler. La idea es regular la gente que no lo está. Sabemos que muchas veces esto no depende exclusivamente del trabajador, sino de los patrones. En Uruguay tenemos aún un 20% de informalidad.
Esta Ley responde mucho a la realidad de quienes toman un alquiler ¿beneficia en algo a los propietarios de los inmuebles?
El principal beneficio es que se van a generalizar las garantías, esto le da -valga la redundancia- mayor garantía a los dueños. Seguramente con esta Ley se ampliará el mercado, al bajar el precio habrá mayor demanda y esto va impactar en el pequeño propietario. A las grandes inmobiliarias no le van hacer diferencias sustanciales el poder alquilar o no, porque ellos tienen muchísimos bienes arrendados. También lo que dije anteriormente, las exoneraciones tributarias.
El tema de la vivienda es un problema global ¿en este proyecto estudiaron alguna idea de otro país?
Vimos el caso de Alemania que tiene una Ley en Berlín que regula los ajustes de alquileres. También estudiamos los casos que existen en Holanda, Francia, España. Ellos ya visualizaron ese problema de gente que ya no puede acceder a comprar una vivienda sino tampoco a poder alquilar.