Por José Manuel ARENAS DÍAZ
Edil Departamental – Partido Socialista (FA) |
Hace algunos días, en ocasión del llamado a sala al Intendente Moreira en la Junta Departamental, se nos fue entregado el informe legal elaborado por profesionales de la empresa PWC en virtud del procedimiento previamente acordado por la comuna cuyos resultados habían sido tan largamente esperados y solicitados por los ediles del Frente Amplio. En fin, más vale tarde que nunca
En el pormenorizado estudio, de forma objetiva e imparcial, se analiza a la luz de todo el ordenamiento jurídico vigente en la materia, cual fue el grado de apego a las normas de la administración que presidió el Dr. Walter Zimmer.
Si bien algunas situaciones son complejas de analizar, de forma general se ha constatado un alto grado de apartamiento a los principios y reglas que rigen el accionar de la Administración Pública.
Así es que se detallan decenas de defectos en los procedimientos administrativos de contratación, fraccionamiento del gasto, se hacían licitaciones abreviadas (invitando, en general, al mismo grupo de empresas y siempre – salvo alguna excepción aislada- se presentaron los mismos oferentes, resultando casi siempre las mismas empresas adjudicatarias) en vez de hacerse licitaciones públicas que es el procedimiento que tiene mayores garantías, se ampliaban inmediatamente y se observaron circunstancias en las cuales la ejecución era previa al procedimiento administrativo .
Pagos de licencias en caso que no corresponderían, inusual manejo y otorgamiento de pasajes de transporte colectivo, autorización excesiva e injustificada de horas extras (en junio del 2015 se la Intendencia de Colonia pagó más de 5 MILLONES DE PESOS en horas extras), pago de subsidios a Alcaldes conjuntamente con el salario, manejo infundado en el pago de ciertos beneficios funcionales y decenas de renovaciones de contratos de funcionarios públicos en las mismas o mejores condiciones que las anteriores en los últimos meses previos al cambio de autoridades son solo algunas de las apreciaciones de las que parece importante resaltar.
Todo esto sumado a la constatación de presuntas entregas excesivas de cemento asfáltico a proveedores (en un caso en particular se habrían entregado 715 toneladas de más con un valor superior a las 9 MILLONES DE PESOS) y la extraña desaparición del expediente sumario iniciado por eventuales irregularidades del anterior Director de Hacienda de la Intendencia hacen necesario tomar algunas medidas al respecto.
Sin adelantarme a los acontecimientos, percibo que el resultado de este informe desnuda una gestión cuyos tropiezos, que no son pocos ni son tan leves, deben ponerse en conocimiento de la autoridad judicial a efectos de analizar – con herramientas que naturalmente los ediles no tenemos – las intenciones y eventuales perjuicios ocasionados por un accionar que, en opinión de la propia consultora contratada, da cuenta de un panorama general de desaprensión en relación al estricto cumplimiento de la norma.
Se vuelve necesario, entonces, explicarles por qué creo (al igual que lo hicimos con la “camioneta TOYOTA”) que una serie de hechos deben ser sometidos al control jurisdiccional, instancia fundamental en todo Estado de Derecho.
Irregularidades pueden ser cometidas por todos los funcionarios públicos y es racional perdonarlas cuando se realizan de buena fe, sin dolo, por ignorancia y de forma aislada. A diferencia de ello, lo que las normas (penales fundamentalmente) intentan tutelar son el buen desempeño de los cargos públicos, la normalidad funcional, el prestigio de la administración, la transparencia de la gestión, la imparcialidad y objetividad de los servidores públicos teniendo en cuenta siempre que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario.
Cuando en un periodo determinado se cometen decenas de errores (algunos de enorme magnitud) de forma reiterada, en algunos casos advertidos y cometidos de igual manera, pareciendo poder exceder lo puramente erróneo, mal confeccionado o realizado con irregularidades administrativas ínsitas del quehacer humano es conveniente un análisis exhaustivo de las razones que llevaron a tal grave violación de principios como por ejemplo los de transparencia e igualdad entre oferentes.
Dejando de lado las consideraciones formales y para finalizar, tenemos no solo el derecho sino el deber de investigar a efectos de que Juan, Pedro, María que diariamente se levantan temprano a trabajar para lograr el sustento diario, haciendo un gran esfuerzo para pagar sus impuestos, sigan considerándose ciudadanos con dignidad, respetuosos de las autoridades y siempre con la confianza de que lo que con tanto sacrificio aportan a la comuna, se invierte de forma prolija, sin caprichos, con adecuada consideración de la gente y de los bienes públicos siempre escasos y tan costosos de obtener.