El Banco Central del Uruguay resolvió que quienes capten dinero del público o convoquen a invertir con expectativa de obtener ganancias deberán presentar una declaración jurada ante la Superintendencia de Servicios Financieros.
La disposición alcanza a personas, entidades y patrimonios de afectación independiente que desarrollen este tipo de actividades. En términos simples, la medida apunta a quienes reciben fondos de terceros o invitan al público a colocar dinero en determinados proyectos, negocios o esquemas de inversión, aunque hasta ahora no estuvieran comprendidos dentro de la regulación tradicional del sistema financiero.
Según informó el BCU, la declaración jurada permitirá conocer quiénes están operando en este tipo de actividades, qué características tienen y bajo qué modalidad funcionan. Esa información será utilizada como paso previo para dictar una regulación específica y definir los mecanismos de supervisión.
La medida forma parte de la ampliación del perímetro regulatorio del Banco Central, aprobada en la Ley de Presupuesto. Esto significa que el organismo tendrá mayor capacidad para controlar actividades financieras que antes podían quedar por fuera de su supervisión directa.
Quienes ya estén realizando estas actividades tendrán un plazo de 60 días, contados desde la resolución, para presentar la declaración jurada en formato digital ante la Superintendencia de Servicios Financieros. En cambio, quienes comiencen a operar después deberán cumplir con ese trámite antes de iniciar la actividad.
El Banco Central también podrá pedir información adicional si lo considera necesario. La falta de presentación de la declaración jurada podrá dar lugar a sanciones, de acuerdo con la normativa vigente.
Desde el organismo se explicó que el propósito de esta decisión es fortalecer la transparencia del mercado y mejorar la protección de las personas que invierten. La incorporación de estas actividades al control del BCU busca reducir riesgos para los ahorristas e inversores, especialmente en operaciones donde se promete o se sugiere una rentabilidad a cambio de entregar fondos.
La estrategia había sido presentada por el Banco Central en agosto de 2025, cuando impulsó un anteproyecto de ley para ampliar su capacidad de regulación sobre operaciones financieras basadas en la captación de ahorro del público.
Con esta resolución, el BCU comienza a dar los primeros pasos prácticos para conocer el alcance de esas actividades y avanzar hacia un marco de control más claro para quienes ofrecen inversiones y para quienes colocan su dinero en ellas.