El Poder Ejecutivo empezó a marcar el terreno político de la próxima Rendición de Cuentas: habrá prioridades sociales, pero dentro de los límites fiscales ya fijados. Esa fue la señal que dejaron el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, tras el Consejo de Ministros de este miércoles 27 de mayo. El proyecto será enviado al Parlamento el 30 de junio.
La definición oficial combina dos mensajes. Por un lado, el Gobierno busca mostrar iniciativa en áreas sensibles para la ciudadanía: infancia, seguridad, personas en situación de calle y empleo. Por otro, mantiene el compromiso de no alterar la programación financiera y fiscal establecida en el presupuesto quinquenal. En términos políticos, la Rendición de Cuentas aparece como un intento de ordenar prioridades sin abrir una expansión general del gasto.
Oddone la presentó como una Rendición de Cuentas “temática”. La expresión no es menor. El Gobierno no plantea una revisión amplia de todos los rubros, sino una reasignación orientada a cuatro áreas que considera centrales. Esa selección deja una lectura clara: la administración quiere concentrar el mensaje en problemas de alta visibilidad pública y fuerte impacto social.
La infancia ocupa el primer lugar. El Poder Ejecutivo prevé avanzar en la simplificación y profundización del sistema de transferencias para hogares con niños y niñas, en línea con recomendaciones surgidas del Diálogo Social. Según informó Presidencia, la unificación de transferencias dirigida a la infancia está estimada en 30 millones de dólares para 2027.
El segundo eje es la seguridad, con foco en el Ministerio del Interior. Allí el mensaje apunta a reforzar inversiones y recursos en un área que suele concentrar parte importante del debate político. El tercer punto es la atención a personas en situación de calle, un problema que creció en visibilidad pública y que obliga al Estado a coordinar respuestas sociales, sanitarias y de convivencia urbana. El cuarto eje es el empleo, vinculado a los lineamientos de la Ley de Empleo.
El anuncio también muestra lo que todavía no está definido. No se informó cuánto dinero recibirá cada área, salvo la referencia concreta a infancia. Tampoco se detalló de qué organismos saldrán los recursos que serán reasignados ni qué programas podrían perder margen presupuestal. La etapa que se abre ahora será bilateral: el equipo económico negociará con cada ministerio los ajustes necesarios para sostener las prioridades anunciadas.
Arim buscó despejar una idea: no será una Rendición de Cuentas de “gasto cero”. Sin embargo, tampoco será una instancia de expansión sin restricciones. La fórmula elegida por el Gobierno es política y fiscal al mismo tiempo: reforzar áreas sensibles sin apartarse de las metas comprometidas. Ese equilibrio será uno de los puntos centrales del debate parlamentario.
La decisión llega además en un contexto económico que el propio Gobierno describe con cautela. Presidencia informó que Oddone habló de un escenario internacional complejo, con incertidumbre, aumento del precio del petróleo y desaceleración global, aunque sostuvo que Uruguay mantiene crecimiento, empleo formal, salarios e inflación en niveles favorables.
La Rendición de Cuentas será, por tanto, una prueba de prioridades. El oficialismo deberá demostrar que puede transformar los anuncios en recursos concretos. La oposición, en tanto, tendrá margen para cuestionar la magnitud de los fondos, la reasignación interna y el alcance real de las políticas anunciadas.
El texto oficial deja planteado el rumbo: infancia, seguridad, calle y empleo. Lo que falta saber es la traducción presupuestal de esa agenda. Allí estará la discusión de fondo: no en la lista de prioridades, sino en cuánto dinero tendrá cada una, de dónde saldrá y qué resultados espera obtener el Gobierno.