Por Daniel Pérez
En estos días el Poder Ejecutivo dio a conocer el documento final del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social y que concluyó con orientaciones para reformar la matriz de protección social uruguaya. Entre las propuestas presentadas, la que tiene mayor calado estructural es la transformación del pilar de ahorro individual del sistema jubilatorio, una reforma que afecta directamente los ahorros previsionales de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras.
La propuesta plantea avanzar hacia un esquema en el cual las cuentas de ahorro pasarían a ser gestionadas en forma centralizada por un organismo público, mientras las administradoras privadas y la administradora estatal quedarían compitiendo sólo en la rentabilización de fondos asignados de manera generacional. Lamentablemente, esta reforma de fondo, que el propio documento reconoce como «una transformación relevante al modelo AFAP implementado en 1996», llega al cierre del proceso sin las condiciones políticas para ser efectivamente implementada y, lo que es más grave, sin haber saldado los riesgos concretos que el cambio implica para los aportantes.
Los datos del proceso son elocuentes. Cuatro partidos políticos —el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente e Identidad Soberana— comunicaron al inicio que no participarían, dejando la mesa de «máximos acuerdos posibles» sin una porción significativa del sistema político. Cabildo Abierto sí estuvo presente, pero dejó constancia explícita de no apoyar cambios que reviertan el resultado del plebiscito de 2024. La fórmula con que el Poder Ejecutivo respalda su propia propuesta es igualmente reveladora, en tanto la delegación gubernamental dice estar «dispuesta a recomendar la consideración de las sugerencias», lenguaje notoriamente prudente para una reforma estructural.
Por otra parte, un análisis riguroso de la propuesta permite observar que la solución planteada abre riesgos relevantes para la ciudadanía aportante. El primer riesgo refiere al manejo institucional de los ahorros. Concentrar en una única estructura estatal un volumen de recursos equivalente a varios puntos del PBI no permite ser ingenuo respecto a las tentaciones que esa concentración genera. De hecho, hacen pensar que un fondo de esta magnitud podría convertirse, tarde o temprano, en una caja tentadora para gobiernos de cualquier signo que enfrenten necesidades fiscales coyunturales.
El segundo riesgo tiene que ver con el destino concreto de esos recursos, los ahorros previsionales podrían terminar canalizándose, vía deuda pública, hacia el financiamiento del déficit del propio Banco de Previsión Social, diluyéndose en los compromisos generales del sector público y perdiendo así su carácter de ahorro individualizado para el retiro. Es cierto que el documento promete «blindar» los fondos, pero no es menos cierto que ese blindaje depende de leyes que pueden ser modificadas por mayorías parlamentarias futuras.
El tercer riesgo es el del impacto sobre la rentabilidad y los costos de gestión. La experiencia muestra que cuando el Estado actúa como asignador único de fondos, suele privilegiar criterios de bajo riesgo y evitar instrumentos novedosos, lo que en el largo plazo puede resultar en rentabilidades más modestas. A esto se suman los costos administrativos típicos de la gestión estatal —estructuras pesadas, escalas salariales rígidas, procesos lentos— que difícilmente resulten menores que los del sistema actual. El trabajador o la trabajadora que aporta durante 35 años acumula la rentabilidad a lo largo de toda su vida laboral, y diferencias menores en la rentabilidad anual se traducen en diferencias enormes en el monto final de la jubilación.
El cuarto riesgo es la pérdida de la trazabilidad individual del ahorro. Bajo el sistema vigente, cada afiliado tiene una cuenta personal, identificable, con saldos verificables y con cambios de administradora posibles ante mal desempeño. Bajo el nuevo esquema, los fondos se gestionan en forma generacional y no individualizada, y la persona afiliada pierde la posibilidad de incidir, aunque sea limitadamente, sobre el destino de sus propios aportes. La rentabilidad pasa a ser una variable promedio de cohorte, no una variable de la cuenta personal. Esa pérdida de control individual, presentada como una «mejora técnica», es en los hechos una transferencia de poder de decisión desde el aportante hacia la institución estatal.
Vale decir que reformar el pilar de ahorro es probablemente la decisión de política pública con mayor proyección temporal que un país puede tomar. La misma afecta los ahorros y las prestaciones de varias generaciones a la vez. Por esa razón, antes de avanzar en una transformación de esta magnitud, el Poder Ejecutivo debe presentar a la ciudadanía cuáles son los riesgos concretos que se asumen, qué garantías efectivas tendrían los aportantes frente a usos alternativos de los fondos y qué impacto tendría sobre las jubilaciones futuras. Los ahorros previsionales de los uruguayos y las uruguayas son fruto del trabajo de toda una vida, y merecen ser tratados con la prudencia y la transparencia que esa magnitud impone.
- EL AUTOR:
Daniel Pérez es sociólogo, dirigente del Partido Independiente y especialista en políticas de empleo y relaciones laborales. Fue director nacional de Empleo y viceministro de Trabajo