Según informó la Fiscalía General de la Nación, la actuación estuvo a cargo de la Fiscalía de Adolescentes de tercer turno, que logró probar la responsabilidad de la joven como autora de una infracción grave a la ley penal. La conducta fue tipificada como un delito de amenazas con circunstancias agravantes especiales.
Como consecuencia, se dispuso una medida socioeducativa no privativa de libertad. La adolescente deberá cumplir un régimen de libertad asistida, bajo seguimiento del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), durante un plazo de tres meses.
La resolución judicial marca un nuevo avance en la investigación de los episodios denunciados en centros educativos de Montevideo. De acuerdo con Fiscalía, este es el tercer caso, de un total de ocho denuncias presentadas en la capital, que logra resolverse en el ámbito judicial.
El caso se inscribe en un contexto de preocupación pública por amenazas e inscripciones intimidatorias en instituciones de enseñanza. Estas situaciones han generado alertas en comunidades educativas, familias y autoridades, por el impacto que tienen en la convivencia y en la sensación de seguridad dentro de los centros.
La intervención de la Justicia de Adolescentes busca establecer responsabilidades sin perder de vista el carácter socioeducativo del sistema. En este régimen, las medidas aplicadas a menores de edad no se limitan a la sanción, sino que procuran orientar, acompañar y prevenir nuevas conductas.
La libertad asistida implica que la adolescente permanecerá en su entorno, pero deberá cumplir controles y pautas de seguimiento durante el período fijado por la Justicia. El acompañamiento de INISA apunta a trabajar sobre la conducta que motivó la intervención judicial y sus consecuencias.
Las investigaciones restantes continúan su curso para determinar responsabilidades y establecer si corresponde promover nuevas acciones ante la Justicia.
La resolución se conoce en momentos en que las autoridades insisten en la necesidad de preservar los centros educativos como espacios seguros. En ese marco, la respuesta institucional combina investigación penal, intervención socioeducativa y prevención, con el objetivo de llevar tranquilidad a las comunidades educativas afectadas.