Todo empezó en la pantalla de un celular, como empiezan ahora muchas amenazas y muchos engaños, con la naturalidad falsa de un mensaje que parece oficial. Una comerciante de Carmelo recibió por WhatsApp el contacto de un hombre que decía ser inspector de la Dirección General Impositiva. Del otro lado no había apuro, pero sí una presión medida, suficiente. Le habló de una denuncia contra su local. Le dio al problema el tono de lo urgente y a la vez el aire burocrático de lo inevitable.
La maniobra fue simple. Como ocurre en estas estafas, el engaño no se montó sobre la fuerza sino sobre la credibilidad. El supuesto funcionario presentó un conflicto y ofreció, de inmediato, una salida. Para frenar ese trámite que dijo inminente, la mujer debía depositar dinero.
La víctima accedió. Hizo un giro de 12.000 pesos creyendo que evitaba una consecuencia mayor, quizá una sanción, quizá un expediente, quizá un problema del que no se dieron más detalles, pero que en ese momento pareció real. Después vino lo que suele venir en estos casos. La sospecha primero. La comprobación después. No había inspector, no había procedimiento y no había más organismo público que el nombre usado para intimidar.
Cuando la mujer entendió que había sido engañada, se presentó en la Seccional 3.ª y denunció lo ocurrido. La Policía tomó intervención en un episodio que vuelve a mostrar un mecanismo cada vez más frecuente, el uso de identidades institucionales para obtener dinero mediante presión psicológica y canales digitales.
La advertencia oficial, en ese contexto, apunta a comerciantes y público en general. La recomendación es no realizar pagos ni transferencias ante mensajes de procedencia dudosa sin verificar antes la autenticidad del requerimiento por vías oficiales.
La escena, sin embargo, deja algo más que una advertencia. Deja la imagen precisa de este tiempo, en el que ya no hace falta tocar una puerta ni mostrar un uniforme para engañar. A veces alcanza con un nombre, una sigla conocida y un mensaje escrito con el tono exacto del miedo.