La comparecencia de una delegación del Congreso de Intendentes ante una comisión de Diputados dejó una señal política clara: los gobiernos departamentales quieren ordenar el régimen de multas, acompasar criterios con el Parlamento y dar una salida a miles de infractores sin presentar la medida como una concesión fiscal, sino como una herramienta de regularización y seguridad vial.
La delegación, encabezada por los intendentes de Canelones, Francisco Legnani, y de Durazno, Felipe Algorta, expuso ante la Comisión de Hacienda integrada con Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas la resolución aprobada por unanimidad por los 19 jefes departamentales en el último plenario del Congreso, realizado en Expoactiva. El eje de esa decisión es una readecuación del sistema de multas prevista en el marco del Decreto 303/023 de la Ley 19.824.
La propuesta establece una rebaja unificada de 50% para aquellos infractores que reconozcan la falta y paguen al contado antes del vencimiento de la primera cuota de patente del año siguiente, con excepciones previstas para determinados casos. La señal de fondo es doble: por un lado, se busca facilitar el pago y evitar la acumulación de deudas; por otro, avanzar hacia una armonización normativa entre las infracciones cometidas en rutas nacionales y las que corresponden a la órbita departamental.
Ese fue, precisamente, el aspecto más relevante que dejó la reunión. Según Legnani, existen matices entre la iniciativa del Congreso y el proyecto que elaboran tres diputados, pero también un consenso general para unificar criterios. En términos políticos, el mensaje es nítido: las intendencias no quieren quedar desalineadas de la legislación nacional en un tema tan sensible como el tránsito.
La otra definición fuerte fue discursiva. Legnani rechazó que la medida tenga un objetivo recaudatorio y colocó el foco en las vidas y en la posibilidad de que el infractor se regularice. Ahí está el corazón del planteo.