El conflicto entre los accionistas de Navios South American Logistics (NSAL), una de las principales navieras que opera en Uruguay, sumó un nuevo capítulo con el anuncio del cierre de su sucursal en Montevideo. La información fue publicada por Semanario Búsqueda, en una crónica firmada por el periodista Guillermo Draper, donde se detalla que la medida busca reforzar la posición del grupo mayoritario, que insiste en que los litigios deben resolverse bajo la jurisdicción de Islas Marshall, país donde está constituida la compañía.
El cierre de la sucursal —inscripto en el Registro Nacional de Comercio el 13 de junio— fue presentado por el nuevo abogado de la firma, Ricardo Olivera García, como prueba de que Uruguay no es el centro operativo de NSAL. Según surge de la nota del semanario, los accionistas minoritarios, que poseen el 36,2% de la compañía a través de la sociedad Peers Business Inc. (familia López), interpretan esta decisión como un “manotazo de ahogado” para eludir la Justicia uruguaya.
La pulseada judicial
Tal como recuerda Búsqueda, en abril el juez Darwin Rampoldi había aceptado el planteo de los accionistas minoritarios y designado un veedor con la misión de acceder a información contable y financiera de la naviera. El primer informe reveló que, pese a promesas de entrega, al 3 de julio la empresa no había remitido datos.
En ese contexto, NSAL modificó su estrategia legal y comunicó al juzgado que su directorio y centro jurídico siempre estuvieron en Grecia. El cierre de la sucursal uruguaya —destaca Draper en su nota— fue presentado como argumento para reafirmar que los litigios deben resolverse en Islas Marshall y no en Montevideo.
La réplica de los minoritarios
La abogada Mariela Ruanova, representante de Peers Business, respondió en un escrito citado por Semanario Búsqueda que la casa matriz también se encuentra en Montevideo y que, además, en Uruguay se genera “el mayor revenue de la compañía”. Añadió que los contratos con los principales ejecutivos de NSAL están regidos por la normativa uruguaya, lo que refuerza el vínculo con la jurisdicción local.
“El cierre de la sucursal no es más que una maniobra burda para debilitar el nexo con Uruguay”, sostuvo Ruanova, según consignó Draper en Búsqueda. La abogada agregó que esta maniobra refleja “la mala fe con la que la señora Angeliki Frangou maneja la sociedad”.
Un trasfondo millonario
El trasfondo del conflicto incluye un préstamo por US$ 160 millones otorgado por una empresa vinculada a la accionista mayoritaria, además de contratos presuntamente inflados. Los minoritarios reclaman acceder a documentación clave con el objetivo de preparar una demanda no solo en Uruguay, sino también en Estados Unidos y en Islas Marshall.
De este modo, la controversia entre los accionistas de NSAL sigue abierta, con Montevideo como escenario de una disputa en la que cada movimiento legal se traduce en nuevas acusaciones cruzadas.