La legisladora del Partido Colorado Nibia Reisch presentó un proyecto de ley que propone tipificar específicamente el maltrato hacia las personas mayores, con penas de seis meses a tres años de prisión. La iniciativa contempla abusos físicos, psicológicos, económicos y patrimoniales, incluidos casos de apropiación de bienes y préstamos obtenidos sobre jubilaciones.
Sin embargo, uno de los aspectos de mayor interés para Colonia surge de sus declaraciones sobre los establecimientos destinados al cuidado de adultos mayores.
Según Reisch, de aproximadamente 1.300 hogares existentes en Uruguay, solamente 200 estarían habilitados. También mencionó la cifra de 13 establecimientos en Colonia, aunque el boletín del Partido Colorado no aclara si corresponde al total departamental o únicamente a los habilitados.
Esta diferencia resulta fundamental para interpretar la situación local. Sin conocer cuántos hogares funcionan efectivamente en el departamento, cuántos cuentan con autorización y cuáles mantienen trámites pendientes, no es posible establecer la magnitud de eventuales irregularidades.
Controles y atención sanitaria
La legisladora también advirtió sobre establecimientos que carecerían de atención médica adecuada o presentarían dificultades para suministrar medicamentos en tiempo y forma.
No obstante, la información difundida no identifica centros concretos ni determina si esas situaciones fueron constatadas en Colonia.
El planteo permite distinguir dos problemas: la protección penal frente al maltrato y la fiscalización de los servicios residenciales. Una nueva figura delictiva no garantiza, por sí sola, mayores inspecciones ni mejores condiciones asistenciales.
Para Colonia, resulta necesario conocer los registros oficiales de establecimientos, las inspecciones realizadas, las denuncias recibidas y las medidas adoptadas por las autoridades competentes.
La propuesta de Reisch incorpora a la discusión pública la protección de las personas mayores. Sin embargo, para determinar su alcance departamental se necesitan datos verificables y respuestas institucionales.
El desafío consiste en establecer cuál es la situación real de los hogares de Colonia y qué mecanismos de control funcionan actualmente, más allá de las cifras y advertencias difundidas en el ámbito partidario.