La regulación que preparan las intendencias para los monopatines eléctricos busca establecer criterios comunes para una modalidad de transporte que comparte el espacio público con peatones, bicicletas, motos y automóviles. El proyecto combina requisitos de seguridad y mecanismos de identificación con condiciones de acceso menos exigentes que las previstas para otros vehículos motorizados.
Según informó El Observador, con base en declaraciones de César García, asesor político del Congreso de Intendentes, los vehículos de movilidad personal podrán ser conducidos desde los 14 años. Los menores de 18 necesitarán autorización de sus responsables, mientras que no será necesario contar con licencia de conducir. La velocidad máxima permitida será de 25 kilómetros por hora.
Las condiciones previstas incluyen el uso obligatorio de casco y elementos reflectivos, además de luces que permitan visualizar el vehículo. Los monopatines estarán habilitados para transportar únicamente a una persona, una disposición que apunta a limitar prácticas que actualmente pueden observarse en la circulación.
Uno de los principales cambios estará relacionado con la identificación. Las intendencias tendrán un registro unificado mediante el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) y cada vehículo será identificado mediante un TAG. Según García, esa tecnología estará vinculada con los dispositivos utilizados por los inspectores departamentales y permitirá realizar controles en la vía pública.
La propuesta establece así un sistema de fiscalización sin trasladar a los monopatines todas las obligaciones aplicadas a otros vehículos. No habrá cobro de patente y tampoco se exigirá licencia de conducir, pero existirán requisitos técnicos, de seguridad e identificación.
Otro aspecto relevante será la implementación. Las nuevas disposiciones tendrán un período de transición para permitir que los vehículos que ya están en circulación se adapten a las condiciones establecidas.
Aunque se proyectan criterios comunes y un registro unificado, la fiscalización quedará en manos de cada intendencia. La efectividad del nuevo marco dependerá, por lo tanto, no solamente de las reglas que finalmente sean aprobadas, sino también de su aplicación y de la capacidad de controlar su cumplimiento.