El caso Rovert Yroa volvió a moverse en los tribunales y dejó una señal fuerte: para la Justicia, al menos en esta instancia, el episodio del rifle de francotirador no quedó cerrado con la absolución. El Tribunal de Apelaciones de 3er Turno revocó el fallo de la jueza Mercedes Reyes y condenó al exdirector de la Guardia Republicana, quien también fue jefe de Policía de Colonia, por un delito de tráfico de armas. La pena fijada fue de diez meses de prisión, aunque la decisión no está firme y será revisada por la Suprema Corte de Justicia.
El caso tiene una particularidad que lo vuelve especialmente relevante: no involucra a un funcionario menor ni a un trámite administrativo común, sino a un jerarca policial con responsabilidades sensibles dentro del Ministerio del Interior. Por eso, más allá del resultado final, el expediente instala una discusión de fondo sobre los límites entre la función pública, el acceso privilegiado a determinados bienes y la actuación personal de quienes ocupan cargos de mando.
Según la tesis fiscal, el punto de partida está en 2007, cuando Yroa integraba una comisión asesora que recomendó la compra de rifles de francotirador. El Poder Ejecutivo autorizó dos unidades, pero el entonces jerarca gestionó la adquisición de una tercera, que pagó de su bolsillo, aunque fue facturada a nombre del ministerio. Ese dato es central: el arma estaba vinculada a una autorización estatal, pero terminó en una zona gris entre lo institucional y lo privado.
El elemento que reactivó el caso, según Fiscalía, apareció en 2016, cuando Yroa intentó vender el arma y el comprador no pudo inscribirla ante el Servicio de Material y Armamento. Para la acusación, eso mostró que el arma no podía ser transferida como si fuera propiedad particular.
La defensa, en cambio, sostiene que los hechos no configuraban delito al momento en que ocurrieron y llevará el caso nuevamente ante la Suprema Corte. Allí se definirá si esta condena se mantiene o cae.