En la audiencia, ambas partes reconocieron la existencia de una convivencia deteriorada, con escasa comunicación y tensiones constantes, que impiden una relación armónica. Ante esta situación, y con el objetivo de prevenir futuros episodios de violencia, la Justicia resolvió imponer varias medidas de protección.
Entre las disposiciones judiciales, Miranda deberá abandonar el hogar conyugal antes del 14 de septiembre y tendrá prohibido acercarse a menos de 100 metros de su pareja durante un período de 180 días. Además, el alcalde no podrá portar armas de fuego hasta que se dicte una nueva resolución.
También se ordenó que Miranda abone una pensión alimenticia y cubra el 75% de los gastos de servicios básicos de la vivienda compartida, como parte de las medidas adoptadas para garantizar la protección y el bienestar de la denunciante.
Estas decisiones se mantendrán vigentes por seis meses, con la posibilidad de ser extendidas o modificadas según la evolución del caso.