Por Gabriel Gabbiani (*)
Mucho se viene hablando desde hace por lo menos siete u ocho años de la caótica situación del tránsito en el departamento de Colonia.
No son necesarios para dar fe de ello más elementos probatorios que, simplemente, salir a la calle y observar el comportamiento de los conductores, en particular de autos y, sobre todo, de motos, e incluso de algunos peatones.
En ese escenario, el ciudadano común, la prensa y otros actores pretenden buscar responsables de la situación, y en ese intento se cometen errores, por lo cual es bueno aclarar algunas cosas.
Veamos.
La Dirección Nacional de Policía Caminera velaba por el control del tránsito en las rutas nacionales, esto es, aquellas bajo la jurisdicción del MTOP, por tanto, las vías de tránsito urbanas y suburbanas no estaban a su cuidado. Pero el 22 de febrero de 2016, en virtud del Artículo 30 de la Ley Orgánica Policial (Ley Nº 19.315) dicha repartición pasó a denominarse Dirección Nacional de Policía de Tránsito (DNPT). Desde esa fecha, amplió su accionar a todo el país a fin de dar cumplimiento con el Reglamento Nacional de Tránsito, quedando habilitada para la prevención y represión de todo tipo de delitos y faltas que se cometan en las vías terrestres de circulación públicas, sin límites jurisdiccionales. Es decir que, además del control del tránsito y actuaciones en materia de delitos que realizaba sobre las rutas nacionales, desde ese momento lo hace también a nivel departamental, lo que incluye a plantas urbanas y caminos vecinales, en conjunto con las Brigadas Departamentales que dependen de la Jefatura de Policía.
Por su parte, la Policía y la Fiscalía son elementos auxiliares, mientras el Poder Judicial es el encargado de juzgar a los infractores.
A su vez, como integrante del Gobierno Departamental, la Junta Departamental, en su carácter de poder legislativo, presenta, promueve y aprueba los proyectos de decretos que, una vez sancionados, tienen fuerza de ley en todo el territorio del departamento. Su función termina allí. Los ediles departamentales no son los encargados de hacer que los decretos se apliquen ni de velar por su cumplimiento.
Es el Ejecutivo Departamental (Intendente, directores y municipios) quien tiene el poder y el deber de actuar y, por tanto, de hacer cumplir esas ordenanzas, fiscalizar y controlar su cumplimiento, pudiendo mutar a los infractores e incautar bienes (vehículos).
Sin embargo, la Dirección de Tránsito de la IDC desde hace años es omisa. Adolece de rumbo. Pese a los reclamos, denuncias y quejas de los vecinos se ha mostrado incompetente, evidenciando la ausencia de una política departamental de tránsito, lo que puede observarse a simple vista en cualquier localidad del departamento.
Las continuas y permanentes quejas de la ciudadanía no han encontrado eco en la Dirección.
Los actores que hoy infringen mayormente las normas de tránsito, generan problemas de movilidad y requieren una fiscalización más firme, son los motociclistas. Lo acontecido en Juan Lacaze este sábado 25 de marzo es un ejemplo. Uno de decenas. Desde las 14.00 hs. motos de todo el departamento se adueñaron de las principales calles de la ciudad, contraviniendo cuanto podían transgredir. Recién sobre las 22.00 hs. tuvo lugar un operativo que a las 02.00 hs. del domingo 26 claramente finalizó, por cuanto las motos se adueñaron nuevamente de la ciudad.
El egoísmo y la falta de empatía que denotaron los motociclistas esa jornada evidencia que ellos no están dispuestos a brindar su aporte a la solución del caos de movilidad y seguridad que se vive en el departamento.
Entendamos. No todo el que conduce una moto es un infractor. Las motocicletas son un medio de transporte para familias, estudiantes, trabajadores, comerciantes y muchos más, pero se ha llegado a extremos hace algunos años impensados. Motos «en manada», un fenómeno social que se ha instalado en nuestro departamento hace ya al menos desde 7 u 8 años y al que nos resistimos a aceptar en aras de salvaguardar la salud de la población, incluidos los propios motociclistas, las picadas, los willys (levantar la rueda delantera) en calles céntricas, son parte de la selva del tránsito coloniense.
En algunas calles la circulación está limitada al antojo y capricho de los motociclistas, y por ello muchos conductores intentan evitar las vías más concurridas y circular por calles laterales o secundarias. Los motociclistas -no todos, reiteramos, hablamos en términos generales- no respetan las normas de tránsito. No nos referimos a la carencia de libreta de conducir o de patente. Nos referimos a temas de seguridad: se trasladan hasta 5 personas en una moto, sin casco, sin chaleco reflectivo, en motos sin luces (o con luces verdes, fucsias, celestes, que no están permitidas), “serpentean” por las calles, adelantan a los vehículos por ambos lados, aceleran en los cruces de calles, en fin.
Y no hay quien les ponga límites.
Como si lo anterior no fuera suficiente, a ello se suman los escapes libres de motos y autos, y los vehículos con parlantes con elevado volumen a altas horas de la noche y la madrugada, que conforman un caos vehicular cada vez más notorio. “No somos delincuentes”, sostienen desde las redes. “Esta es nuestra forma de ser y de divertirnos”, aducen. Claro, lo que no tienen claro es que sus derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Porque el ruido se extiende durante varias horas, en especial desde media tarde hasta plena madrugada, o incluso hasta el alba, y se torna insoportable, en especial para aquellos que deben levantarse temprano a trabajar.
Pero hay más.
Durante la actual administración sólo dos funcionarios de la IDC han sido destituidos previa autorización de la Junta Departamental. Ambos pertenecían a la Dirección de Tránsito. Uno de ellos en Carmelo, por adulteración de documentos públicos, y el otro en Rosario, por cohecho. Y hace poco observamos en las redes sociales un video que daba muestras de un episodio en Carmelo -hoy investigado por la Fiscalía de aquella ciudad- cuando un par de ciudadanos discute con un inspector (se ven cinco en la escena) y éste reacciona agrediendo a uno de los ciudadanos con golpes de puño e incluso un puntapié cuando aquel está en el suelo.
Y para más INRI, en este momento en la Junta Departamental funciona una Comisión Investigadora formada a raíz de denuncias realizadas por un inspector contra algunos de sus pares y contra su director. Y las denuncias, que son públicas, son serias, no son un juego.
Una vez más, seamos justos. En términos generales, en el departamento la mayoría de los inspectores se ve en actitud de colaboración y de ordenamiento de la circulación, pero también están aquellos más preocupados de establecer sanciones y multas, y pocas veces quienes caen son los motociclistas que mencionamos, los que quebrantan la ley, sino gente trabajadora.
Peor aún, la IDC no ha organizado campañas de prevención o de educación de los conductores. Cada uno hace lo que quiere. Se estaciona en doble fila, sobre las cebras, en sitios prohibidos, no se utilizan las señales para anticipar los movimientos a realizar al conducir, las salidas de alumnos de locales escolares generan acumulación indebida de vehículos, y mucho más.
Todo vale.
Cierto es que algunos conductores demuestran a cada momento su agresividad y su intolerancia en una suerte de catarsis, pero el control es mínimo. Y la responsabilidad directa de ello es del director de Tránsito.
No se examinan los problemas ni se piensa en soluciones reales. No se analizan opciones válidas y bien articuladas. No se estudian alternativas con sentido común y adecuación técnica.
A riesgo de ser reiterativos, insistimos en que la Intendencia no tiene una política de tránsito. Se ha llegado al extremo en que la situación se ha tornado intolerable e insostenible. El director de Tránsito debe renunciar o ser removido por el intendente Carlos Moreira. La realidad prueba que está omiso en su función y ha demostrado la falta de competencia para hacer cumplir las normas de tránsito. Debe recordarse que la omisión contumacial de los deberes del cargo está tipificada por el Artículo 164 del Código Penal: “El funcionario público que requerido al efecto por un particular o por un funcionario público, omitiere o rehusare sin causa justificada ejecutar un acto impuesto por los deberes de su cargo, será castigado con suspensión de tres a dieciocho meses”. Esta norma tipifica la omisión del funcionario en el cumplimiento de sus deberes. De hecho, algunos vecinos de Nueva Palmira presentaron ante Fiscalía una denuncia en tal sentido, contra la Dirección de Tránsito por lo señalado y contra la Dirección de Higiene y Ambiente, por el problema de los ruidos molestos ocasionados por el caos vehicular.
Pero no debe quedar sólo ahí.
La fiscalización del tránsito no es todo. La educación vial tiene -o debería tener- un rol fundamental, y por ello es menester promover campañas que hasta ahora la IDC no ha emprendido. Quizás, incluso, podría conmutarse la multa que los infractores deberían pagar -o parte de ella- por horas de educación vial. Y ni qué hablar de la necesidad de establecer una suerte de Escuela de Educación Vial para niños en edad escolar, por ejemplo, de 4º a 6º año de Primaria con carácter obligatorio. Quizás un cambio de mentalidad y la formación de ciudadanos más educados, mejor enseñados, más respetuosos y más empáticos podrían derivar en la necesidad de menos fiscalización. Es difícil, sin dudas, y quizás hasta ingenuo suponerlo, pero hay que intentarlo.
Es claro que los motociclistas muestran rebeldía ante la fijación de límites, desvanecen el concepto de autoridad e infunden arrogancia a todos lo que no están de acuerdo con el establecimiento de reglas, mostrando una actitud intransigente que impide lograr acuerdos tácitos de convivencia y desbordan al colectivo social acrecentando el problema de inseguridad.
Quien asuma el lugar del actual director -porque no dudamos que Moreira no va a hipotecar tu gestión por defender a quien no calza los puntos- deberá tomarse su tarea responsable y seriamente, e implementar rápidamente una política departamental de tránsito que garantice la seguridad y la tranquilidad de la población.
La realidad evidencia una multiplicidad de factores que llaman a dejar de lado medidas tibias y centrar la discusión en la educación vial y en las penas que se debe imponer a un actor que hace uso indebido de las vías públicas.
Los clanes de motos no tienen forma de disimular el peligro que representa un colectivo que circula en contramano, zigzaguea en calles y avenidas, se atraviesa a los autos, y por ello el desbordado incremento de la red de motos y ciclomotores determina la urgente necesidad de explorar restricciones a la movilización y reforzar los requisitos para acceder a licencias de conducir.
Es hora, de una vez por todas, de escuchar los reclamos de los ciudadanos y de solucionar el problema de los irresponsables al volante.