La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, informó este viernes que la jueza Nancy Hernández realizará una visita a Argentina del lunes al miércoles de la próxima semana para supervisar el cumplimiento de cinco sentencias, así como sostener reuniones con diversas autoridades estatales.
La Corte destacó la importancia de que los Estados permitan este tipo de diligencias en su territorio, ya que permite una mayor participación de las víctimas y de los distintos funcionarios, impulsa la ejecución de las reparaciones ordenadas en las sentencias, brinda la oportunidad de establecer un diálogo directo entre las partes y da una mejor disponibilidad para asumir compromisos para el cumplimiento de los fallos.
«Se agradece que Argentina haya brindado su anuencia y colaboración para la realización de estas actividades de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias en su territorio», expresó en un comunicado de prensa la Corte Interamericana.
Durante su visita, la jueza Hernández participará en audiencias privadas de supervisión de cumplimiento de sentencias.
La primera será por el caso Bulacio, cuyo fallo fue emitido en 2003 y que se refiere a la adecuación de la normativa interna en temas como la detención sin orden judicial ni situación de flagrancia y de las condiciones de detención en particular de menores.
La CorteIDH admitió el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por la detención arbitraria de Walter David Bulacio, joven de 17 años, efectuada por la Policía Federal de Buenos Aires, la violación a su integridad física bajo custodia policial y su posterior muerte.
La jueza también verá el cumplimiento de la sentencia por el caso Torres Millacura y otros, caso en el que el Estado aceptó la responsabilidad por la desaparición forzada de Iván Torres Millacura, cometida en octubre de 2003 por parte de agentes de la Policía en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut.
Entre las medidas a ser supervisadas en la audiencia se encuentran la obligación de investigar juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos del caso y efectuar la búsqueda efectiva de Torres, de quien hace 19 años se desconoce su paradero.
El tercer proceso será sobre el caso Mendoza, en el cual verificarán nueve de las reparaciones ordenadas en la sentencia de 2013, donde se determinó la responsabilidad por la imposición de penas de privación perpetua de la libertad a cinco personas por delitos cometidos durante su infancia.
Las medidas de supervisión serán sobre la rehabilitación en salud y de opciones educativas o de capacitación formales para las víctimas y garantías de no repetición en la determinación de sanciones penales a niños y niñas.
El cuarto será el caso López, donde se evaluará el cumplimiento de la sentencia emitida en 2019 sobre la no repetición relacionada con el deber de adoptar medidas de orden legislativo, administrativo o judicial para reglamentar los traslados de personas privadas de libertad condenadas.
La última verificación de sentencia será sobre el caso Fernández, emitida en 2020 por violaciones a diversos derechos en perjuicio de dos víctimas, ocurridas como consecuencia de restricciones de derechos por parte de la policía en la década de los noventa. (EFE)