Por Alejandro Prieto y Concepción M. Moreno
Los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, defendieron este lunes que la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, quien estaba preso en Dubai por portar documentación paraguaya falsa, fue un «trámite administrativo» y no político.
Esa fue la idea que atravesó tanto la comparecencia ante el Senado, a solicitud del Frente Amplio (FA), como la rueda de prensa posterior, en la que los dos jerarcas estuvieron acompañados por los legisladores oficialistas.
En una larga sesión que comenzó con la interpelación del senador opositor Mario Bergara, Heber y Bustillo explicaron los detalles por los que se concedió el pasaporte uruguayo a Marset, de 31 años y detenido en Emiratos Árabes Unidos por estar en posesión de documentación falsa, amparándose en el decreto 129/014.
«El problema es el decreto 129/014, que facilitó que Marset tuviera pasaporte», indicó el ministro del Interior en rueda de prensa, en la que reiteró lo anunciado en sala sobre una modificación de esa norma, en la que su cartera, dijo, ha trabajado «varios meses» con la Cancillería.
Ese decreto, emitido en 2014, durante la Administración del izquierdista José Mujica (2010-2015), se refiere a la «aprobación del reglamento relativo a la expedición de pasaportes comunes, títulos de identidad y de viaje y derogación del decreto 167/993».
Dicho reglamento establece la consulta de antecedentes judiciales en Uruguay para la expedición de un pasaporte a ciudadanos de esa nacionalidad en el exterior y, según alegó el Ejecutivo, las causas que Marset tuvo en algún momento en su país ya estaban cerradas y no había petición del extranjero.
Según argumentó Heber, su cartera trabaja en que la modificación introduzca la comprobación de antecedentes en el exterior.
«El señor Marset en noviembre (de 2021) no tenía causa nacional abierta (…) También hicimos una consulta a Interpol y de ahí surgió que no tenía requisitoria internacional», expresó Bustillo durante la rueda de prensa en alusión a la alerta roja que Paraguay sí emitió el 3 de marzo de 2022.
El canciller uruguayo comentó, durante su alocución en sala, que «no hubo responsabilidad política de los ministros», sino que siempre se trató de un «trámite administrativo».
«Ni las autoridades políticas de Relaciones Exteriores ni de Interior supieron que estaba a trámite el pasaporte», insistió Heber, por su parte, y reiteró que no hubo «alteración en los plazos» para la entrega, que se concretó en noviembre de 2021.
No obstante, durante la jornada se conoció en palabras del ministro del Interior la «investigación administrativa» iniciada a Alberto Lacoste, subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), por «priorización a varios pasaportes, entre ellos el de Marset».
«No nos gustó que se haya puesto este pasaporte junto a otros en una priorización», agregó.
Por su parte, el senador frenteamplista Mario Bergara comentó que las alocuciones de los ministros «siguen siendo insatisfactorias» y que el Ejecutivo no da «explicaciones convincentes” de por qué se llegó a esto “que es un escándalo de proporciones» y que «no le hace bien a Uruguay en su imagen internacional».
La comparecencia de los dos ministros fue solicitada por el FA y respaldada por el oficialismo, que consideró necesario arrojar luz sobre el asunto.
Marset, uruguayo de 31 años, con largo historial delictivo en varios países y cuyo nombre aparece vinculado como presunto autor intelectual del asesinato en Colombia del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, recibió un pasaporte de las autoridades uruguayas que le permitió escaparse de Emiratos Árabes Unidos.
Según informó días atrás el diario El Observador, el narcotraficante recibió el pasaporte mientras el Ministerio del Interior colaboraba con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en una investigación internacional liderada por la Secretaría Antidrogas de Paraguay.
El presidente Luis Lacalle Pou, ha guardado silencio desde que este caso saltó a la luz, si bien otros miembros del Ejecutivo se han amparado en el decreto 129/014 para explicar el caso.
Sin embargo, algunos miembros de los partidos que integran la coalición de gobierno, como Cabildo Abierto, expresaron sus reservas. EFE