Bajo el formato de «reunión de trabajo», el Municipio de Carmelo encarará las políticas sobre contribuciones con dineros públicos que recibe mes a mes.
De esta forma la discusión no se lleva al ámbito de sesión. En esa línea hay consensos en los concejales de la legalidad del sistema. En la pasada sesión se trató la reunión generada en un cuarto intermedio donde se trataron las diversas opiniones sobre el monto a colaborar con el Museo Agrícola, tema que terminó en un escandalo político, con acusaciones a la prensa y reproches a las declaraciones de integrantes de dicha institución.
La necesidad en debatir sin público en las barras parte de sospechas de todo tipo que se han generado por parte de la oposición, quienes argumentan no comprender diversas formas de colaborar a través de facturas que presentan quienes participan de estas donaciones y que no estarían relacionadas con quienes piden estas ayudas.
En la última sesión la Alcalde Alicia Espíndola no dio su voto para ir nuevamente a cuarto intermedio y tratar unas colaboraciones que ameritaban decisiones a corto plazo. En esa línea dijo que no participaría de reuniones reservadas cuando se discutan temas relacionados con dineros públicos.
El Frente Amplio, hace unos meses había advertido en sesión que no participarían más de este tipo de reuniones en honor a la transparencia, «se terminaron las reuniones reservadas», se había dicho. Pero ahora se cambió de opinión y manifestaron que es un recurso licito y muchas veces necesario.
La idea es alcanzar una cifra que permita colaborar con todas las instituciones o personas que presentan solicitudes bajo el formato de políticas municipales de mecenazgos. Desde la oposición se argumenta que hay inequidades. Pero cuando se manejan cifras, los montos pueden oscilar entre cinco a diez mil pesos, como sucedió en la última sesión con una institución solicitante. Desde el oficialismo advierten que falta un mayor acompañamiento de cómo se gestiona estos dineros y cómo se resuelven muchas veces la entrega de colaboraciones con aquellos que no tienen una estructura legal para justificar los gastos.