Por Simón Donado / Bogotá-Colombia
Especial para Carmelo Portal
La dictadura siempre ha sido un factor preponderante en los pueblos de América Latina, sin embargo, paralelo a esta forma de gobierno, se ha evidenciado otro fenómeno mucho más imbricado a la democracia posmoderna:
Podríamos definirlo como dictadura democrática, aunque no resulta ser impuesta, se erige como una postulación al poder. Así pasa con personajes como Daniel Ortega en Nicaragua y el PRI en México con sus 70 años de gobierno. En Colombia, el expresidente y actual senador del partido de Gobierno Álvaro Uribe Vélez, ha logrado crear en el legislativo un apoyo sin precedentes. Uribe Vélez, en ocasiones desde varias orillas ideológicas y políticas; hoy conservadoras, ha movilizado y direccionado a la población electoral para ejercer un continuismo mediante candidatos que bajo su amparo y respaldo llegaron a la Presidencia de la República.
Para las elecciones presidenciales del 2018 postuló al entonces senador Iván Duque Márquez, cuya bandera discursiva hablaba de no subir impuestos; proponiendo sacar los dineros públicos de otra fuente, como por ejemplo gravando a las empresas. Evidentemente, ante una medida tan populista, los electores lo apoyaron con diez millones de votos, hecho histórico en este tipo de procesos electorales en Colombia, logrando erigirse como Jefe de Estado de los colombianos.
Durante sus inicios en la casa presidencial se pudo evidenciar, como lo cito la cadena de noticias CNN indicando que el hueco fiscal ascendía a más de 50 billones de pesos, algo así como 18 mil 400 millones de dólares (a fecha de 2018), y para lograr recuperar por lo menos una porción de ese dinero, a finales del primer año de gobierno propuso una reforma tributaria.
Esta era la reforma económica número 14 en un espectro de 28 años, lo que habla de una inestabilidad económica evidente en el país cafetero; incluso la reforma que se propuso en dicho año traía unos beneficios para los inversionistas que se podían reclamar a partir de 2022, pero como si se tratara de un cuento macondiano al mejor estilo del realismo mágico de García Márquez y no de nuestra sufrida y querida Colombia, antes de llegado ese plazo el mismo gobierno decidió expedir una nueva reforma, bajo otras estructuras y proyecciones, dejando sin efectos la ley anterior.
Esta “ley de financiamiento 2021” pretendía recaudar 30 billones de pesos, lo que gracias a la inflación actual correspondería a 7 824 millones de dólares. Entre sus políticas contemplaba gravar varios artículos de la canasta familiar (artículos necesarios para la comida diaria de los individuos) como la leche, el atún o los huevos. Gravar el agua y la carne, las medicinas y los libros, buscando que 27 de los 30 billones fueran pagados por personas naturales y tan solo 3 por las empresas, dejando exentas de IVA a industrias como Postobon, la empresa de gaseosas más importante en Colombia y quien dona –según la revista 070- alrededor de doscientos millones de pesos e incluso más a los partidos de gobierno.
Además de esto, la reforma no plantea la recuperación de los casi 300 billones de pesos que se esconden en paraísos fiscales, dineros públicos que podrían cubrir 10 veces lo que necesita la ley de financiamiento. Incluso el propio ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, actualmente se encuentra bajo proceso de investigación por los llamados “bonos de agua”, un escándalo de corrupción por el enriquecimiento con erario de los municipios entre 2008 y 2014; dinero que se encuentra en dichos paraísos fiscales.
Después del llamado proceso de paz, los asesinatos a excombatientes y líderes sociales y sindicales han aumentado. Desde 2016, mil de ellos perdieron la vida, y otros cientos están bajo amenazas, completamente desprotegidos, sin ayuda ni garantías estatales. Lo mismo ocurre en varias poblaciones indígenas en el Departamento del Cauca, -zona montañosa al suroccidente del país- donde grupos al margen de la ley invaden sus territorios e imponen sus reglas, privatizan su tierra e impiden el estudio de sus comunidades.
Actualmente la Nación se encuentra cubierta por el desespero y el sosiego de un Estado; que en la mayoría de ocasiones, ha sido incapaz de solucionar los problemas políticos, sociales y económicos, permitiendo acumular muchas frustraciones en su interior que hoy explotan de innumerables maneras; y convocan a un país, ávido de justicia, a la calma y a una protesta pacífica fundada en la capacidad de diálogo, para así poder consensuar con las diferentes fuerzas de poder y la sociedad civil un futuro incluyente y participativo bajo el bienestar común.
El 28 de abril del año 2021 el Comité Nacional de Paro convocó un paro indefinido hasta que retiraran la reforma tributaria y se les entregaran más garantías a los pueblos alejados de las grandes capitales. Miles de personas salieron a la calle a protestar, a manifestarse en contra de una ley que en su concepto les es injusta. Muchas pancartas y esquemas de derechos humanos cubrían lo que después se convertiría en un campo de guerra. La ‘Minga’ indígena, inmensa movilización de poblaciones indígenas, tumbó la estatua insigne del fundador e icono de la ciudad de Cali, Sebastián de Belalcázar, (ubicada en Santiago de Cali), co-fundador además de ciudades como Popayán y Neiva, estatua cuyos manifestantes arrojaron tildándolo de haber sido conquistador a ultranza de nuestros pueblos.
La respuesta de la policía fue utilizar gases lacrimógenos vencidos, que no actúan como aturdidores sino directamente se convierten en cianuro para quien lo recibe, así lo deja saber el periódico El Espectador. Impactos de bala a quemarropa, helicópteros disparando desde el cielo, 1181 casos de violencia y abuso policial y 761 detenciones arbitrarias. Violaciones sistemáticas de DDHH que hasta la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas han denunciado de manera sistemática. Hasta ahora no se sabe el número exacto de desaparecidos y muertos, la cifra oficial está alrededor de 15 muertos y 205 desaparecidos.
Durante estos sucesos en las calles, los partidos de gobierno interpusieron otro proyecto de ley, el 010 de 2011 en donde la salud se iba a privatizar, obligando a las personas a pagar además de un régimen de salud una mensualidad por patología detectada, quitándole el régimen de salud pública al Estado y otorgándosela a un privado, entre otras cosas. Hasta la fecha este proyecto no ha sido retirado.
Dos días después el presidente ordenó que se erradicara la reforma tributaria y solicitó el apoyo de todas las fuerzas militares, buscando detener las manifestaciones y alteraciones al orden público. El día de ayer 5 de mayo el Congreso de la República denunció que esta seguía en debate, abriendo panoramas a coyunturas inéditas como la entrada al paro de las universidades privadas.
Esperemos pronto un acuerdo, y unas urgentes reformas que más que convertirse en simples políticas de gobierno, sean verdaderas políticas de Estado, caminos hacia la justicia y pluralidad de nuestros pueblos.