La Coordinadora de Sindicatos de ANCAP convocó este miércoles una huelga de 24 horas para el 24 de marzo por lo que considera un «desmantelamiento» del ente con cierre de empresas.
Así lo aseguró a Efe el dirigente de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas Alejandro Acosta, quien apuntó que la decisión fue tomada por unanimidad en la asamblea celebrada este miércoles y que reunió a más de 500 trabajadores de la petrolera en la Plaza Primero de Mayo de Montevideo.
Acosta denunció que existe «una política de desmantelamiento» tanto de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) como de plantas asociadas a su producción que el gobierno ha puesto en marcha al anunciar el cierre de empresas y la eliminación del subsidio al supergas, entre otras acciones.
En esa línea, aseguró, el 17 de marzo los trabajadores llevarán a cabo una movilización pública en el pueblo de Bella Unión, en el departamento (provincia) de Artigas (noroeste), donde funcionan parte de las operaciones de la empresa ligada a ANCAP Alcoholes del Uruguay (ALUR), cuya planta en Montevideo será cerrada.
Estas protestas, dijo el sindicalista, están motivadas a su vez por directiva para rebajar mezclas de etanol y reformular los pagos a los productores pequeños y medianos de esa zona, que, enfatizó, va a generar «una pérdida potencial de puestos de trabajo al pueblo de Bella Unión».
Otro de los reclamos se refiere a la oposición de los trabajadores a la privatización de la Planta de Portland de Paysandú y la reprivatización por 30 años de las distribuidoras de gas natural MontevideoGas y Conecta.
Acosta esgrimió así que, además del llamado a paro general, la Coordinadora de Sindicatos de la petrolera decidió que si se efectivizan estos intentos de privatización o se cierran empresas los empleados van a proceder a la medida de ocupación de los lugares de trabajo.
El pasado 2 de marzo la Coordinadora de Sindicatos anunció que desde fines de 2020 el Gobierno de Luis Lacalle Pou y autoridades de ANCAP hicieron anuncios que, para sus integrantes, implican «la profundización de una política neoliberal atentatoria contra el papel económico, social y laboral del ente».
EFE