Vicepresidenta busca dar presupuesto a la ley de violencia de género

La vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, habla este martes, luego de una reunión con diputados de la coalición oficialista para coordinar la partida presupuestaria para la ley integral de violencia doméstica, en Montevideo. EFE/Raúl Martínez

La vicepresidenta  Beatriz Argimón, se reunió este martes con los diputados de la coalición oficialista para «darle prioridad» a las partidas presupuestarias que permitan el cumplimiento de la Ley Integral de Violencia de Género, aprobada en 2017.

«Esta ley viene del periodo anterior y, pese a estar vigentes, no se cumplían con las partidas presupuestales. En ese sentido no pudo aplicarse a nivel nacional. Para nosotras es una preocupación que hemos manifestado públicamente», señaló Argimón en rueda de prensa posterior a la reunión.

Una de las razones por las que se dio dicho encuentro entre la vicepresidenta y los parlamentarios es que, en el proyecto de ley de presupuesto presentado por el Ejecutivo de Luis Lacalle Pou para su estudio por los legisladores, no se preveía dar fondos al cumplimiento de esta normativa -que, entre otras cosas, exige la creación de juzgados especializados en violencia de género-.

«Sabemos en qué situación se asumieron las cuentas del Estado, pero venimos a ratificar, así como lo ha hecho la ministra de Economía y Finanzas (Azucena Arbeleche), que esto para nosotros es prioridad y para nosotros también es muy importante que se verifique algo que venimos diciendo, y es la importancia de juzgados en el interior del país para que este tema sea abordado», destacó.

Aunque enfatizó la importancia de que quede claro «cuáles van a ser las partidas que se van a ir integrando», Argimón dijo que ella respeta el trabajo que están haciendo los diputados y, por ello, no quiso puntualizar cuáles serían los aspectos a negociar.

Asimismo, recordó que ya hubo una adjudicación de dinero a la compra de tobilleras electrónicas, pero todavía quedan por resolver cuestiones relacionadas a la adaptación de inmuebles y crear juzgados con «más equipos técnicos».

Para la vicepresidenta es una buena señal que el Gobierno uruguayo, en un contexto de crisis sanitaria por la COVID-19 y con una alta deuda estatal, ratifique su intención de cumplir con los requisitos necesarios para llevar a la práctica esta ley que, hasta ahora, no ha podido aplicarse en su totalidad por la falta de recursos.

«Lo que hicimos hoy frente a una ley vigente fue venir a manifestar que para que, efectivamente, empiece el proceso -y hablo de procesos porque crear juzgados no es de un día para otro- que se consideren partidas para el tema de la creación de juzgados de violencia de género», concluyó.

EFE

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