El presidente Luis Lacalle Pou ordenó una investigación administrativa sobre el proceder del último Secretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma, a fin de esclarecer los episodios vinculados a los viajes que compartió con una contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), señala Telenoche.
Según informó el programa Así Nos Va de Radio Carve la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) investigó y archivó los viajes que Toma y la contadora realizaron a Roma, en el marco de la causa del Plan Cóndor y en otras misiones oficiales.
Toma realizó varios viajes a Roma y Estados Unidos en misión oficial (por el juicio del Plan Cóndor y el juicio de Aratirí) acompañado de una contadora recién recibida que contrató de forma directa cuando trabajaba en otra oficina ajena a esos temas.
Todo comenzó a investigarse por una denuncia anónima que llegó a la Jutep en 2019 desde una plataforma que habilita a escribir correos electrónicos cifrados, destaca Subrayado
Pedía investigar a Toma por el viaje que realizó entre el 4 y el 11 de julio de 2019 con motivo de una audiencia por el Plan Cóndor, ya que un tribunal de Roma estaba juzgando la responsabilidad de militares latinoamericanos en el secuestro, tortura y desaparición de ciudadanos italianos durante las dictaduras ocurridas en los años 60 y 70.
En ese marco, el secretario de Presidencia viajó junto a la contadora Giuliana Pérez.
Pérez, de 26 años, había ingresado a Presidencia en marzo de 2019, cinco meses después de recibirse como contadora pública.
El funcionario viajó a Roma en clase ejecutiva por un pasaje con valor 6.265 dólares, en tanto sus asesora Pérez y la escribana María Antonella Introini viajaron en clase turista a un costo en el pasaje de 1.795 dólares cada uno.
Este viaje no apareció como misión oficial en la web de Presidencia tal como es costumbre.
El jefe directo de la contadora Pérez, Daniel Espinosa, director de Senaclaft declaró a Búsqueda que esa secretaría «no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor».