La fiscal general del Estado de Paraguay, Sandra Quiñónez, informó este lunes a los medios de que la decisión sobre el futuro de los tres activistas de izquierda buscados por la justicia paraguaya «queda en manos» de Uruguay, donde fueron demorados el pasado viernes en Montevideo.
Quiñónez confirmó que Paraguay ya presentó «toda la documentación en la que basa su pedido de extradición» de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, reclamados por la Justicia paraguaya por el secuestro de María Edith de Bordón, nuera de un exministro de Hacienda paraguayo, en 2001.
La fiscal insistió en que los tres hombres, que buscan el estatus de refugiados en Uruguay, «no son perseguidos políticos» sino «las personas que dieron inicio» al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo armado que actúa en el norte del país.
«Queda en manos de ellos (Uruguay) decidir si los consideran perseguidos políticos, de lo cual nosotros, con la documentación que presentamos, queda claramente que no son perseguidos políticos», expuso la representante del Ministerio Público.
El Gobierno paraguayo envió a Montevideo a una comitiva, liderada por el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, para poner a disposición de las autoridades uruguayas el expediente del caso antes del miércoles, cuando la Justicia de ese país determine el destino de los tres paraguayos.
Ese día, a las 17 horas, se realizará una audiencia judicial, en la que Uruguay decidirá si extradita a Paraguay a los tres miembros del movimiento político Patria Libre o si inicia los trámites para concederles el refugio, tal y como han solicitado.
Para Quiñónez, «el miércoles es la clave» y añadió que, en caso de que se les deniegue el refugio, el proceso de extradición llevará un proceso que «puede durar meses o más de un año».
Arrom, Martí y Colmán llegaron a Uruguay a finales de julio, después de huir de Brasil, donde se les había revocado el estatus de refugiado político concedido en 2003, al declarar que habían sido sometidos a torturas durante la investigación del caso para que se declarasen culpables del secuestro.
Dos de ellos, Arrom y Martí, llevaron al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por estos delitos.
Sin embargo el tribunal falló en su contra a principios de junio, al considerar que no existían pruebas suficientes contra Paraguay.
La sentencia motivó que el Comité Nacional de Refugiados de Brasil revocase semanas después la condición de refugiados políticos de los tres acusados, que huyeron entonces a Uruguay.
Desde el Gobierno paraguayo explicaron que las autoridades brasileñas tenían vigilados a Arrom, Martí y Colmán, pero que su sistema de monitoreo funcionó «de manera aleatoria y no muy rígida». (EFE)