Carmelo y Castillos eran las localidades donde más se concentraba el trabajo de Último Recurso

Isaías Valencia y Dra. Silvia Peláez , de Último Recurso, en el Municipio de Carmelo en agosto de 2016.

En una nota publicada este martes por El Observador sobre el cese de actividades de la ONG Último Recurso, se menciona que Carmelo será una de las ciudades más afectadas.

Unos 15 uruguayos por día llamaban a las líneas de teléfono de Último Recurso. El servicio funcionaba las 24 horas del día y cerca de 12 técnicos trabajaban en el último tiempo en la organización. La directora y fundadora del proyecto, Silvia Peláez, dijo al diario El Observador que la falta de apoyo estatal responde a «una lógica de pensamiento tercermundista» de las autoridades.

La ONG trabajó durante casi 30 años en Uruguay y atendió a unas 11 mil personas, afirmó la psiquiatra. Además de la línea de asistencia, la organización tenía convenios con distintos organismos del Estado y realizaba proyectos en puntos del país donde la tasa de suicidio fuera muy alta. Ese fue el caso de Castillos (Rocha) o de Carmelo (Colonia), dos localidades en donde se concentró el trabajo de los técnicos.

La mayoría de las personas llegaba a la organización a través de la línea de teléfono, que les brindaba orientación en el momento para evitar el suicidio. «Lo ideal es que en las primeras 24 horas del intento reciban atención y después tiene que haber una psicoterapia. En teoría, entre las primeras tres y seis consultas se diluye el pensamiento suicida», explicó Peláez en nota a El Observador.

Los técnicos de Último Recurso también ofrecían seguimiento a los pacientes. Si la persona no tenía el dinero suficiente, en la organización los atendían de forma honoraria o les pedían una donación. En otros casos, la ONG los ayudaba a salir del episodio de crisis y luego les recomendaban terapeutas para que pudieran continuar con los tratamientos de forma particular o en sus mutualistas.

Pelaéz sostuvo que la organización no recibía apoyo internacional, por lo que subsistía en base a convenios con el Estado. El último cayó este mes, cuando el Ministerio del Interior prescindió de sus servicios en el Hospital Policial. El trabajo allí se basaba en una línea de crisis pensada para los policías, pero se extendía a toda la población vulnerable.

«Sentimos mucha tristeza, pero no dejamos sin asistencia a las últimas personas que llamaron. Las estamos derivando de a poco, viendo quién puede atenderlas. El sábado, cuando apagamos los celulares y vimos cómo estaba la tormenta, sentimos que estábamos dejando a las personas a la intemperie», afirmó la psiquiatra al matutino.

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