«La ética es la convicción humana de que no todo vale por igual, de que hay razones para preferir un tipo de actuación a otro», expresa Fernando Savater y aparece en la publicación realizada por la Junta de Transparencia y Ética Pública de 62 páginas titulada » Ética y Función Pública», del año 2009 publicada por IMPO.
La ética en la función pública alcanza en su interpretación «a toda persona que, cualquiera sea la forma de vinculación con la entidad respectiva, desempeñe función pública, a
título oneroso o gratuito, permanente o temporario, de carácter legislativo, administrativo o judicial, en la Administración Central, en un Ente Autónomo, en un Servicio Descentralizado, en un Gobierno Departamental o en una persona pública no estatal.»
Aunque por el momento no este pasando nada, no quiere decir que en el futuro algo suceda. Aunque no existan controles y miradas a hechos que pueden ser considerados menores todo tiene un límite y voy a poner ejemplos generales que no pueden suceder.
Los llamados a precio deberían establecerse con un mínimo de objetividad y transparencia a la hora de darle garantía a quienes presentan un presupuesto en organismos públicos. Deberían ser presentados en sobre cerrado y lacrado adelante del oferente. Se debería realizar llamados abiertos y no a dedo y a la medida de la cercanía o incluso parentesco que pueda llegar a tener.
Un representante no debería traer a consideración un presupuesto. Y menos si existiera vinculaciones familiares, por ejemplo presentar una empresa en la cual exista alguien de la familia que la integre ya sea como dueño e incluso como empleado. A pesar que ese supuesto caso pasara todos los controles el procedimiento ético, la función de objetividad, transparencia e igualdad de oportunidades se vería seriamente dañada.
Hay ámbitos sagrados que necesitan construir -entre otros- solemnidad. Cuando estoy en una situación como representante público en un recinto adecuado a esa función, no puedo desdoblarme y actuar en consecuencia. Ya no en ese lugar que me colocó la ciudadanía, sino en cualquier otro imaginable, una institución social, un club de filatelia o lo que su imaginación pueda sugerir.
No puedo hablar en nombre del Club de Amigos de Astronomía -por citar algo- cuando estoy en funciones de representante, y menos pedir colaboración para comprar un telescopio. Porque mañana el Club de Amigos de las Ciencias Sociales va pedir dinero para acceder a un programa de estadísticas y yo y mi voto decidirá esa suerte. Ni que hablar de la objetividad que se pierde cuando en la función legislativa se empieza a pedir informes sobre otros sitios y lugares parecidos a las instituciones que cualquier mortal puede llegar a formar parte.
Por eso es muy importante conocer el nombre de las empresas que ofertan en licitaciones y llamados a precio. Tener la certeza absoluta que quienes deciden estos temas no tienen vinculación alguna con ella, incluso una de perogrullada: la ausencia de familiares.
Me fascina la astronomía, la literatura y el hockey, pero siendo representante no puedo trasladar proyectos, presupuestos y hacer lobby en funciones de representante de la ciudadanía en algunas de esas áreas que puedan tocar alguno de mis intereses.
La ética pública tiene un fuerte contenido de relación con los derechos humanos y la labor eficaz dirigida a la ciudadanía.
Las normas de conducta de la función pública hacen referencia a que «el interés público se expresa, entre otras manifestaciones, en la satisfacción de necesidades colectivas de manera regular y continua, en la buena fe en el ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales,
en la rectitud de su ejercicio y en la idónea administración de los recursos públicos (art. 20 de la ley 17.060).»
Elio García