En las últimas horas, el gremio de funcionarios municipales de Colonia (ADEOM) emitió un duro comunicado en el cual responsabiliza a “todos los actores políticos” por la grave situación financiera de la Intendencia.
Y no es para menos. El intendente Carlos Moreira ha admitido que de no obtener un préstamo bancario (para lo cual necesita los votos de la bancada del FA y del único edil colorado), deberá “elegir entre pagar los sueldos a los empleados o pagarle a los proveedores”.
La oposición frenteamplista ya fijó posición y no prestará sus votos “para seguir endeudando a los colonienses”, dice en su comunicado oficial.
Según la consultora Price-Waterhouse, la deuda acumulada durante las 2 administraciones de Walter Zimmer (2005-2015) supera los 700 millones de pesos -unos 24 millones de dólares.
El director encargado de la auditoría, un profesional de larga trayectoria, dijo en la Junta Departamental que “nunca había visto un caos administrativo, irregularidades y una falta de transparencia” como la que hallaron en Colonia.
¿Cómo es posible que una comuna que recaudó entre 50 y 60 millones de dólares ANUALES, tenga semejante desbalance? ¿Cómo se hace para llevar una administración tan desastrosa, por una década, sin que nadie lo note?
El comunicado de ADEOM pone el problema en perspectiva. TODO EL SISTEMA POLÍTICO departamental ha fallado estrepitosamente: gobierno y oposición.
El actual intendente ha tratado de desmarcarse del anterior, pero olvida que su sector tuvo ediles y varios directores en ambos períodos de Zimmer, quienes por acción u omisión, son también responsables de esta debacle.
La oposición tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. No vimos ediles que levantaran fuerte la voz, que llamaran a Sala al Intendente para pedirle explicaciones o que denunciaran en los medios (y/o la Justicia) las miles de irregularidades que plagaron la gestión de Zimmer.
Algunas de estas prácticas ilegales le valieron a este ser procesado (aún lo está) por “abuso innominado de funciones”, junto con su contador jefe. Pero esta denuncia penal vino de su exsecretario general, alguien de su mismo partido, y no de la oposición.
Esta es una crisis terminal de una manera de hacer política. La última generación que ha conducido los destinos de unos de los Departamentos más ricos del Uruguay, ha fracasado.
No han querido o no han sabido cuidarle la plata a la gente, el primer deber de un gobernante. Propiciaron o toleraron pasivamente el despilfarro, la corrupción y el clientelismo.
Es hora que estos políticos mediocres se vayan. ¿O saldrán unos meses antes de mayo del 2020 a pedirnos el voto? ¿Con esta no-gestión? En ese caso, los tontos seríamos nosotros. Por no tener memoria.