La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, subrayó que el decreto que faculta al Ministerio del Interior a disponer de medidas a efectos de preservar el uso público de calles, caminos y carreteras fue motivado por “luchas entre empresarios que van a generar que se estropee la economía del país”. “Los que somos viejos, nos acordamos del Chile de Allende y vamos a combatir estas expresiones”, sintetizó.
La ministra definió la vocación favorable al diálogo del Gobierno, también en esta situación entre privados, pero aclaró que desde el Gobierno “actuamos en función de la pública felicidad, como dice el presidente, porque el Estado tiene que proteger los intereses de la población y los derechos de las personas”.
“Si tenemos una de las mejores producciones de arroz en la historia del país y por luchas entre empresarios que van a generar que se estropee la economía del país (…) nosotros, los que somos viejos, nos acordamos del Chile de Allende y vamos a combatir estas expresiones”, sintetizó la ministra de Desarrollo Social.
El 11 de octubre de 1972 el grupo empresarial de la rama del transporte de carga chileno organizó un cierre patronal, antecedente de la crisis económica, política e institucional que derivó en el golpe de Estado y sus consecuencias políticas en Chile y el resto de América del Sur.
El decreto es una herramienta para que el Ministerio del Interior resguarde el bienestar de la gente “porque, en última instancia, empresarios contra empresarios están peleando por el lucro, pero, ¿quién se estropea?, ¿a quién se desfavorece?”, dijo la ministra, para concluir: “No vamos a dejar que se estropee la economía del país por una puja que, en el mejor de los casos, es por lucro”, definió.
“Este decreto no es contra el movimiento sindical ni contra los trabajadores, lo dice expresamente”, especificó.