En Entre Ríos buscan modificar ley para venderle madera a Uruguay

En Argentina el sector forestal entrerriano espera que la modificación a la ley de la madera, propuesta por el gobernador Gustavo Bordet, permita a la provincia venderle al Uruguay en las mismas condiciones que los correntinos.

En el sector foresto industrial entrerriano reconocen que cambiar la ley 9.759 no generará empleo masivamente ni salvará a aserraderos y plantaciones de la crisis, pero sí traerá igualdad de condiciones con las demás provincias y se espera que produzca otras derivaciones positivas, tales como el aumento de la superficie plantada y la posibilidad de mejorar precios. Mientras, se aguarda la implementación de la construcción de viviendas sociales de madera y otras medidas de fomento, revela un informe de la periodista Luciana Dalmagro, para El Diario.

La norma en cuestión fue sancionada en 2007 e impide «la venta de rollizos o chips, en forma directa o indirecta, a las industrias establecidas o que se establezcan en Uruguay, cuya finalidad sea la producción de pasta celulósica». Rollizo es la madera sin proceso industrial que proviene directamente de los bosques implantados y los chips son un subproducto parecido a la viruta o al aserrín, también denominado astilla. Ambos son materia prima de la producción de celulosa.

Cambiemos también quiere exportar madera a Uruguay

La noticia surgió de una reunión que mantuvieron diputados y senadores provinciales de Cambiemos, en la ciudad de Buenos Aires, con el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio. El encuentro tuvo lugar el jueves, en la Casa Rosada, pero Cambiemos informó de lo resuelto en la reunión recién este sábado, tras consensuar los términos en los que comunicarían una decisión difícil para algunos de los más encumbrados dirigentes de esa fuerza, que nacieron a la política vinculados a la lucha de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.

En sintonía con la posición del presidente Mauricio Macri, Cambiemos está de acuerdo con el planteo del gobernador justicialista Gustavo Bordet de derogar la Ley de la Madera, que impide la exportación de materia prima para las pasteras uruguayas.

La posición no sorprende si se toma en cuenta que el propio Macri cuestionó la Ley de la Madera en el documento «El estado del Estado», una suerte de inventario con el que el macrismo describió la herencia recibida. En ese texto se afirma que el sector forestal «se vio comprometido por el caso Botnia, que tuvo efectos negativos importantes» y que «desde el sector público provincial no hubo apoyo ni contención al sector. Por el contrario, el kirchnersmo legó la Ley de la Madera, que prohibía la exportación de rollizos a Uruguay por los puertos entrerrianos».

Según informó oficialmente Cambiemos, durante la reunión con Frigerio se analizó específicamente el «altísimo potencial de desarrollo foresto-industrial» que tiene Entre Ríos, y en ese marco se debatió sobre el proyecto de ley enviado por Bordet a la Legislatura por el que se crearía un Plan Maderero Entrerriano, derogando la Ley 9.759, conocida como la Ley de la Madera.

Los legisladores provinciales de Cambiemos informaron que se encuentran redactando un proyecto propio sobre esta cuestión, dirigido a «brindar aportes y sugerencias que enriquezcan el debate en ambas Cámaras».

Contaminación

«El desarrollo productivo y el cuidado del ambiente no deben ser objetivos disociados sino concurrentes», afirmaron los representantes de Cambiemos. En esa línea, se valoró el aporte que puede hacer la forestación, por su «gran capacidad de captura de carbono», al logro del cumplimiento de las metas que el país asumió en el marco de la Cumbre de Kioto sobre Cambio Climático.

Además, se señaló la necesidad de que el desarrollo foresto-industrial esté basado en la producción de bienes de creciente valor agregado e incorporación de tecnología y conocimiento. Hicieron notar que en esta línea de pensamiento se inscribe un proyecto presentado recientemente por diputados de Cambiemos para crear un Programa Provincial de Construcciones en Madera.
Junto con esto, en la reunión analizaron el «deterioro ambiental» en la cuenca del río Uruguay. Pusieron de relieve la iniciativa del gobierno nacional «en línea con lo prometido por Cambiemos durante la campaña electoral», de impulsar la construcción de plantas de tratamiento de líquidos cloacales en las principales ciudades ribereñas.
Estas plantas son consideradas «fundamentales» para avanzar en un plan integral de monitoreo y saneamiento del río Uruguay, y requerirán a su vez acciones similares por parte de la República Oriental del Uruguay.
Cambiemos mencionó que algunas de ellas, como Concepción del Uruguay, cuentan con proyectos que datan de la década del 80; «sin embargo las últimas administraciones no priorizaron este tipo de obras, demostrándose de esa manera la hipocresía y la impostura que caracterizaron a los gobiernos de (Jorge) Busti y (Sergio) Urribarri en materia ambiental», cuestionaron.
El comunicado no lo dice, pero como telón de fondo de esta mención está la idea de que las pasteras no son la principal causa de contaminación del río Uruguay.

«Si se logra modificar la ley, no es que se va a salvar a la actividad, pero algo se va a mover. De todos modos, nuestro gran desafío son las casas de madera», resumió Hugo Cives, presidente del Centro de Desarrollo Foresto Industrial (Cedefi) que, con sede en Concordia, nuclea a actores provenientes de los sectores público, privado y científico académico.

Cedefi es una mesa multisectorial que funciona bajo el paraguas de una fundación, se creó en 2008 y nuclea a organismos como la Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) y los ministerios de Producción y Planeamiento de la provincia, a las universidades, al INTA y al INTI, a los industriales y a los plantadores de eucaliptus.

«Recibimos la inquietud de los productores respecto a la necesidad de rever la ley 9.759 porque ellos experimentan un parate muy notable este año, que ya venía desde fines del año pasado. Tomamos esa inquietud y se la trasladamos al gobernador. Tenemos claro que Uruguay no es China ni Brasil y que su mercado, por volumen y escala, no es el más importante, pero el impacto positivo será amplio», señaló Cives y ejemplificó: «Para exportar hay que tener todo en blanco y la posibilidad de hacerlo repercutiría positivamente en un sector en el que somos concientes que abunda el empleo informal». «En la situación actual estamos en desventaja frente al resto del país, especialmente con la provincia de Corrientes, que básicamente es la que le exporta estos materiales al Uruguay. También perdemos en competitividad e integración. Sin ánimo de generar ninguna controversia y con respeto por el medio ambiente, entendemos que este cambio significaría abrir una puerta que hoy está cerrada», reseñó Cives.

Legisladores con libertad de conciencia

Del encuentro con Frigerio participaron el senador nacional Alfredo De Angeli, la diputada nacional Yanina Gayol, el diputado nacional e interventor del PRO de Entre Ríos, Marcelo Sorgente, el jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, el presidente de la Delegación Argentina en la Comisión Administradora del río Uruguay, Mauro Vazón, y el director de Recursos Hídricos de la Nación, Osvaldo Fernández, que fue autor en 2007, cuando era diputado, de la Ley de la Madera, un dato que el comunicado de Cambiemos evita recordar. La ley 9.759 impulsada por el entonces legislador radical de Gualeguaychú prohíbe «la venta y/o salida de rollizos y chips destinada a la exportación como materia prima para empresas fabricantes de pasta celulósica que generan residuos contaminantes» y «lesionan los derechos de los ciudadanos entrerrianos consagrados en los artículos 41 de la Constitución Nacional y 5 de la Constitución Provincial».

Estuvieron presentes casi todos los legisladores provinciales: los senadores Héctor Blanco, Roque Ferrari, Raimundo Kisser, Beltrán Lora, Nicolás Mattiauda, Francisco Morchio, Miguel Piana y Rogelio Schild; y los diputados Ayelén Acosta, Martín Anguiano, José Artusi, Sergio Kneeteman, Joaquín La Madrid, Gabriela Lena, Jorge Monge, María Alejandra Viola y Esteban Vitor.

El comunicado oficial de Cambiemos tampoco menciona que el macrista Mattiauda y el radical Kneeteman, como legisladores de Gualeguaychú, tendrán «libertad de conciencia» a la hora de votar el proyecto.

Vía El Diario – Luciana Dalmagro

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