El Hotel Casino Carmelo tiene un problema que va más allá de su deterioro. El Estado posee un activo turístico, dispone de la posibilidad de asociarlo a la explotación de juegos de azar y desde hace años intenta atraer capital privado. Sin embargo, la última licitación terminó sin una sola oferta.
La pregunta, por tanto, ya no es únicamente dónde encontrar un inversor. Es qué condiciones debe modificar el Estado para que invertir allí resulte económicamente aceptable.
La licitación presentada en febrero de 2024 permite reconstruir esa ecuación.
Los padrones 2.682 y 2.683 pertenecen al Ministerio de Turismo. Juntos comprenden aproximadamente 10.459 metros cuadrados y fueron puestos a la venta con un precio base de 14.020.078 Unidades Indexadas. La transferencia de la propiedad estaba condicionada a construir, culminar y poner en funcionamiento un hotel de lujo con instalaciones para casino.
Pero comprar el inmueble era solamente la primera parte del negocio.
El adjudicatario recibiría además una concesión para explotar presencialmente juegos de azar durante 20 años. Presidencia informó entonces que el período podía renovarse por otros 20.
A cambio, el privado debía pagar un canon calculado sobre los ingresos brutos del casino. El esquema previsto comenzaba en 7,2% durante los primeros cinco años y pasaba a 7,95% desde el sexto. Existían además mínimos anuales: US$ 66.000 inicialmente, US$ 85.000 en el quinto año y al menos US$ 90.000 desde el sexto.
El proyecto tampoco admitía cualquier hotel.
Las bases exigían al menos 80 habitaciones dobles, cuatro suites, centro de convenciones, piscina climatizada, spa o centro de salud y estándares constructivos correspondientes a un establecimiento de alta categoría. El oferente también debía presentar un plan de inversiones y constituir una garantía de mantenimiento de oferta de US$ 500.000.
La ecuación era entonces considerable: comprar los padrones, financiar la recuperación o sustitución de una estructura deteriorada, desarrollar un hotel de lujo, montar un casino, asumir las garantías, pagar un canon y conseguir después una demanda suficiente para hacer rentable toda la operación.
El mercado respondió con un dato.
De nueve empresas que inicialmente habían mostrado interés —en su mayoría argentinas— solamente una compró el pliego y finalmente tampoco presentó una propuesta. El llamado quedó sin ofertas.
Por qué no apareció una oferta
La administración anterior atribuyó parte del fracaso a la falta de regulación del juego online en Uruguay, un componente que potenciales operadores consideraban relevante para la rentabilidad del negocio.
Pero esa explicación no permite concluir que haya sido la única causa.
La ausencia de ofertas también obliga a mirar el paquete completo: precio del inmueble, inversión hotelera exigida, deterioro acumulado, características del establecimiento, canon, tamaño potencial del mercado y riesgo comercial.
En otras palabras, nueve manifestaciones de interés no se transformaron en nueve propuestas. Ni siquiera en una.
Ese dato económico probablemente diga más que cualquier declaración de intención.
El gobierno actual admite que las condiciones deben cambiar
En diciembre de 2025, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, confirmó que el gobierno pretendía relanzar el proceso y adelantó un elemento sustancial: las bases serían modificadas para generar mejores condiciones para la inversión privada.
“Vamos a cambiar las bases”, afirmó entonces, planteando la necesidad de crear un mejor clima de negocios para los interesados. También reconoció que había faltado un análisis de riesgo alrededor del proceso anterior.
El nuevo llamado fue anunciado inicialmente para el primer o segundo trimestre de 2026.
No ocurrió.
En cambio, el 26 de diciembre de 2025 ingresó una iniciativa privada que actualmente se tramita en el expediente 2025-9-1-0002213. El Ministerio de Turismo confirmó que la propuesta se encuentra vinculada con una eventual concesión para explotar el casino y que interviene también el Ministerio de Economía y Finanzas. La identidad del promotor, el monto de inversión y las condiciones planteadas permanecen bajo reserva.
El expediente llegó además a consulta de la Intendencia de Colonia.
Qué está dispuesto a cambiar el Estado sigue siendo la pregunta
Hasta ahora, el gobierno no presentó públicamente nuevas bases que permitan conocer qué aspectos concretos de la licitación anterior serían modificados.
No está definido públicamente si los padrones volverán a venderse, si podría optarse por otra forma de concesión, si permanecerá la obligación de desarrollar un hotel de lujo, si cambiarán las exigencias de inversión o el canon del casino, o si se mantendrá una concesión de 20 años.
Tampoco se conoce si la iniciativa privada actualmente en estudio propone alterar alguna de esas variables.
Hay, sin embargo, una señal institucional relevante. La Dirección General de Casinos informó en 2026 que todavía no resolvió definitivamente el futuro de la Sala Carmelo porque esa decisión está supeditada al análisis de eventuales inversiones privadas en el Hotel Casino. Si esas alternativas no prosperan, el organismo prevé trasladar la sala.
Casino y hotel, por tanto, continúan formando parte de una misma negociación económica.
El costo de entrada aumenta mientras se discute la fórmula
Hay finalmente una variable que ninguna licitación puede congelar: el deterioro.
Ya en 2023 el gobierno describía el inmueble como en estado ruinoso y admitía que su infraestructura no reunía las condiciones necesarias para un hotel internacional.
El edificio permanece cerrado desde 2020.
Eso significa que el eventual inversor no solamente debe evaluar cuánto vale la tierra o cuánto podría facturar un casino. Debe calcular cuánto cuesta reconstruir un activo que lleva años fuera de funcionamiento.
Y allí puede estar el verdadero problema económico del Hotel Casino Carmelo.
El Estado cuenta con los padrones. Puede conceder la explotación del juego. Carmelo conserva ubicación, historia y potencial turístico.
Lo que todavía no consiguió es que todos esos elementos formen una ecuación suficientemente atractiva para que un privado arriesgue capital.
La licitación de 2024 dejó una primera respuesta del mercado: bajo aquellas condiciones no hubo ofertas.
Ahora falta conocer la respuesta del Estado: qué está dispuesto a cambiar para que la próxima vez sí las haya.