La posición fue planteada en una carta abierta firmada por la Cámara de Importadores de Armas y Municiones del Uruguay (CIAMU), la Asociación Nacional de Armerías, Polígonos y Afines (ANAPA) y la Asociación Nacional de Cazadores del Uruguay (ANCU).
Según las organizaciones, durante el primer semestre fueron convocadas por el Ministerio del Interior para discutir posibles cambios en la reglamentación. Sin embargo, sostienen que participar de esas reuniones no significó aceptar los límites propuestos.
El punto en discusión es la cantidad de municiones que puede adquirir legalmente una persona habilitada. La estrategia del Gobierno establece topes diferentes según la categoría del Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas (THATA), documento necesario para acceder legalmente a armas y municiones.
Las asociaciones sostienen que antes de establecer esas restricciones debería analizarse la información que ya entregan las armerías a las autoridades. De acuerdo con la carta, cada venta debe ser informada dentro de las 72 horas siguientes e incluye datos del comprador, su habilitación, el arma vinculada a la munición, el calibre y la cantidad adquirida.
Las organizaciones también citan documentos elaborados durante los Encuentros por Seguridad de 2025. Según esas fuentes, existen dificultades en los sistemas utilizados para controlar las municiones y detectar compras fuera de los patrones habituales. También se planteó la necesidad de mejorar el control sobre los arsenales policiales y militares ante posibles pérdidas o desvíos de armas y municiones.
Otro aspecto señalado es la falta de marcación de determinadas municiones estatales. Esa identificación permitiría establecer su procedencia cuando son encontradas durante una investigación criminal. Los documentos citados también mencionan limitaciones institucionales para procesar la información disponible.
A partir de esos antecedentes, CIAMU, ANAPA y ANCU consideran que primero deberían procesarse los datos existentes para determinar de dónde provienen las municiones que llegan al mercado ilegal.
La controversia queda así centrada en dos aspectos: el Gobierno plantea límites a la adquisición legal dentro de su estrategia de control, mientras las asociaciones cuestionan esa medida y sostienen que antes deberían analizarse los registros disponibles y reforzarse los controles sobre posibles desvíos.