Las cámaras de Carmelo están conectadas a la Policía pero su mantenimiento depende de otro sistema

Un informe del Centro de Comando Unificado estableció que Carmelo tenía 36 cámaras de videovigilancia y que cuatro estaban sin conexión en diciembre de 2025. A diferencia del resto del departamento, el sistema carmelitano pertenece a un proyecto de la Intendencia de Colonia y no integra el denominado Proyecto Federativo del Ministerio del Interior, la plataforma nacional que reúne cámaras policiales dentro de una infraestructura común de monitoreo, gestión y mantenimiento.

La red de videovigilancia pública de Carmelo presenta una característica que la diferencia del resto de las ciudades del departamento de Colonia: sus cámaras pueden ser observadas por la Policía desde el Centro de Comando Unificado Departamental, pero no forman parte de los proyectos de videovigilancia administrados directamente por el Ministerio del Interior.

La información surge del expediente 2025-4-1-0005443 y de un informe elaborado el 15 de diciembre de 2025 por la Dirección General del Centro de Comando Unificado en respuesta a un pedido de informes de la Cámara de Representantes.

El documento estableció que en ese momento había 341 cámaras instaladas en el departamento de Colonia. De ellas, 166 estaban en Colonia del Sacramento, 36 en Carmelo, 32 en Juan Lacaze, 29 en Nueva Helvecia, 20 en Rosario, 16 en Nueva Palmira, 13 en Colonia Valdense, 11 en Tarariras y nueve tanto en Conchillas como en Miguelete. (documentos.diputados.gub.uy)

La precisión sobre Carmelo aparece inmediatamente después. El Ministerio señaló que todas las cámaras departamentales, excepto las ubicadas en esta ciudad, correspondían a su Proyecto Federativo.

El término no refiere a una estructura política o territorial. Se trata de la plataforma tecnológica utilizada por el Ministerio del Interior para integrar diferentes sistemas de videovigilancia dentro de una infraestructura común. Su desarrollo estuvo asociado inicialmente a equipamiento recibido por Uruguay mediante una donación del Gobierno de China y posteriormente fue ampliado mediante nuevas incorporaciones, servicios de soporte y mantenimiento.

En esa estructura pueden integrarse cámaras fijas, domos móviles y otros dispositivos, cuyos registros son administrados desde los sistemas del Ministerio y los Centros de Comando Unificado. La pertenencia al Proyecto Federativo también determina, entre otros aspectos, qué organismo tiene a su cargo el mantenimiento técnico de los equipos.

Las 36 cámaras de Carmelo fueron identificadas expresamente como pertenecientes a un proyecto de la Intendencia de Colonia, aunque sus imágenes podían visualizarse desde el Centro de Monitoreo policial. (documentos.diputados.gub.uy)

La diferencia es relevante: que una cámara pueda ser observada por la Policía no significa necesariamente que forme parte de la infraestructura del Ministerio ni que éste sea responsable de repararla.

Un sistema diferente para el mantenimiento

Para las instalaciones que dependen del Ministerio del Interior, el organismo informó que existe una empresa contratada para realizar mantenimiento preventivo y atender emergencias. En Colonia esa tarea correspondía a la empresa Teletipos.

El mismo informe aclaró que las cámaras de Carmelo no estaban comprendidas dentro de ese esquema y que se habían realizado reclamos por reparaciones y mantenimiento.

Al momento de elaborarse el documento había cuatro cámaras de Carmelo sin conexión, y el Centro de Comando Unificado señaló que no había obtenido respuesta a los reclamos efectuados hasta ese momento. (documentos.diputados.gub.uy)

La diferencia administrativa puede resumirse así: el Centro de Comando Unificado podía recibir las imágenes de las cámaras de Carmelo, pero los dispositivos no integraban el sistema ministerial que tenía contratado su propio servicio de mantenimiento.

Un problema documentado en avenida Rodó

El expediente parlamentario se originó después de un hecho ocurrido en Carmelo y de consultas sobre el funcionamiento de las cámaras situadas sobre avenida José Enrique Rodó.

La representante nacional Nibia Reisch solicitó al Ministerio del Interior que informara cuántos equipos existían en Colonia, cuántos estaban operativos y si habían sido reparadas las cámaras relacionadas con el caso denunciado. El pedido fue remitido formalmente por la Cámara de Representantes el 30 de julio de 2025. (documentos.diputados.gub.uy)

La respuesta permitió reconstruir la situación del corredor comprendido entre el Club de Remeros y calle Guaraní.

El Ministerio identificó cinco sitios de videovigilancia. En Rodó y Guaraní había tres cámaras, una de ellas sin conexión; en Rodó y Juan Carlos Mareco existían dos activas; en Rodó y Blandengues, tres; en Rodó y Tabaré, dos; y en Rodó y Etchebarne, otras dos. En total, el informe contabilizó 12 cámaras en ese tramo y 11 de ellas operativas. (documentos.diputados.gub.uy)

El documento agrega un dato temporal: los servicios de mantenimiento y reparación de la cámara de Rodó y Guaraní habían sido solicitados desde septiembre de 2024, sin modificaciones en su estado hasta la elaboración del informe de diciembre de 2025. (documentos.diputados.gub.uy)

El Ministerio también aclaró que una cámara puede quedar temporalmente sin conexión por factores ajenos al equipo, como interrupciones del suministro eléctrico de UTE o de la transmisión de datos de Antel. Asimismo, indicó que los registros fílmicos se conservan en la mayoría de los casos durante aproximadamente 30 días antes de ser sobrescritos. (documentos.diputados.gub.uy)

El sistema departamental creció en los últimos años

La expansión de la videovigilancia en Colonia puede seguirse a través de otras comunicaciones oficiales.

En abril de 2024, el Ministerio del Interior incorporó 41 cámaras en Nueva Helvecia y Colonia Valdense: 29 en la primera localidad y 12 en la segunda. En el caso de Nueva Helvecia, los equipos fueron donados por el Municipio e incorporados al sistema ministerial. (gub.uy)

Ese modelo resulta diferente al documentado para Carmelo: cámaras financiadas o aportadas desde el ámbito local pueden incorporarse posteriormente al sistema del Ministerio, incluyendo su mantenimiento.

En octubre de 2024 el Ministerio informó además la instalación de cuatro nuevos sitios con ocho cámaras en Carmelo y señaló que continuaban proyectos de ampliación en esa ciudad y en Nueva Palmira. El mismo comunicado indicaba que la red departamental había pasado de 206 cámaras en 2020 a 271 en 2024. (gub.uy)

Las preguntas sobre Carmelo tienen antecedentes

La discusión sobre la propiedad y mantenimiento de las cámaras carmelitanas tampoco comenzó con el pedido parlamentario de 2025.

Los registros públicos de la Junta Departamental muestran que en 2017 se presentó el expediente 231/2017, un pedido de informes dirigido al Ejecutivo Departamental específicamente sobre las cámaras que se proyectaba colocar en avenida Rodó. La Junta conserva públicamente la referencia al expediente, aunque en la documentación consultada no aparece publicada la respuesta completa del Ejecutivo. (juntacolonia.gub.uy)

Ese antecedente permite establecer que la definición administrativa del sistema de Carmelo ya era objeto de consultas institucionales varios años antes de que el Ministerio documentara las dificultades de mantenimiento.

Lo que todavía falta conocer

La documentación consultada permite confirmar la cantidad de cámaras existentes a diciembre de 2025, su distribución departamental, el régimen particular de Carmelo y la existencia de cuatro dispositivos sin conexión en esa fecha.

Sin embargo, no se encontró publicado un inventario oficial actualizado a octubre de 2026 que permita establecer cuántas de las 36 cámaras continúan operativas, si las cuatro desconectadas fueron reparadas o si se modificó el régimen de mantenimiento.

Tampoco aparece en los documentos públicos revisados una resolución posterior que indique que las cámaras de Carmelo hayan sido transferidas formalmente al Proyecto Federativo del Ministerio del Interior.

El dato comprobable hasta ahora es que Carmelo dispone de una red pública de videovigilancia integrada al monitoreo policial, pero bajo un régimen de propiedad y mantenimiento distinto al aplicado en las demás localidades del departamento. En diciembre de 2025 esa diferencia ya había generado reclamos de reparación y cuatro cámaras permanecían sin conexión.

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