La resolución judicial se produjo después de una investigación realizada conjuntamente por personal de la Seccional 3.ª de Carmelo y del Área de Investigaciones, según la información policial difundida sobre el caso.
De acuerdo con ese reporte, las actuaciones permitieron identificar al adolescente como presunto responsable de varios hechos ocurridos en la ciudad. El caso fue posteriormente puesto a consideración de la Justicia competente.
La resolución estableció su responsabilidad como autor de tres infracciones a la ley penal: una tipificada como delito de hurto especialmente agravado y dos como delitos de receptación, en régimen de reiteración real.
Como consecuencia de la decisión judicial, al adolescente se le impuso una medida socioeducativa privativa de libertad por un período de siete meses.