El reconocimiento del subsecretario de Ambiente, Oscar Caputi, de que no fue adecuado pronunciarse sobre el proyecto inmobiliario previsto para Bañados de Carrasco introduce un elemento institucional en una discusión que excede sus declaraciones: cómo se gestionará un eventual expediente ambiental cuando un jerarca tuvo anteriormente una relación profesional con uno de los interesados.
Caputi confirmó que trabajó en 2021, como integrante de una consultora ambiental, en la tramitación del permiso para una residencia de Eduardo Costantini en José Ignacio. También aseguró que esa relación terminó en 2023 y que está eximido de intervenir en asuntos correspondientes a antiguos clientes.
Ese punto es central. El proyecto de unas 3.000 viviendas sobre 228 hectáreas todavía no está siendo evaluado por el Ministerio de Ambiente. Actualmente, la discusión pasa por la Junta Departamental de Montevideo, que debe resolver sobre la realización de estudios ambientales, sociales y urbanísticos vinculados a una eventual recategorización del suelo.
Por tanto, no está en juego todavía una autorización ambiental definitiva. Lo que comienza a definirse es el recorrido institucional que podría permitir que la iniciativa avance hacia otras etapas.
El caso plantea además dos planos que conviene seguir separadamente: la viabilidad territorial y ambiental de una intervención de esta magnitud junto a Bañados de Carrasco y las garantías institucionales del proceso de evaluación.
La afirmación de Caputi de que no participará si el expediente llega al ministerio establece un compromiso público verificable. El seguimiento periodístico podrá determinar cómo se instrumenta esa abstención, qué organismos y técnicos intervienen y bajo qué estudios se adoptarán las decisiones.