El gobierno de Yamandú Orsi dejó sin efecto buena parte de los cambios introducidos por la administración de Luis Lacalle Pou en enero de 2025 para flexibilizar la aprobación ambiental de proyectos forestales. La decisión supone un cambio de criterio regulatorio y devuelve al Ministerio de Ambiente un mayor control previo sobre nuevas plantaciones y terrenos ya forestados.
Según informó El Observador, el nuevo decreto retoma, con modificaciones, el régimen establecido en 2021, que exige Autorización Ambiental Previa (AAP) para las plantaciones. La normativa aprobada poco antes del cambio de gobierno permitía que determinados proyectos accedieran a una autorización especial con menores exigencias.
La revisión había sido anunciada durante la transición. El entonces designado ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, había cuestionado públicamente la flexibilización. Ahora, el gobierno argumentó que las modificaciones de 2025 no eran consistentes con el régimen de autorizaciones ambientales y que no habían contado con una adecuada intervención de las oficinas técnicas.
El cambio no implica, sin embargo, una restauración íntegra del régimen anterior. La nueva regulación incorpora medidas de compensación para determinados terrenos forestados antes de 2013 sin autorización ambiental y mantiene la posibilidad de comenzar plantaciones mientras la autorización está en trámite, bajo responsabilidad del titular y con aviso previo.
La decisión adquiere relevancia por la dimensión del sector: Uruguay cuenta con 4,2 millones de hectáreas consideradas de prioridad forestal y poco menos de la mitad están plantadas. El nuevo marco vuelve a colocar el control ambiental previo en el centro de una actividad con fuerte presencia territorial y productiva.