La discusión sobre El Niño dejó de ser una previsión meteorológica de mediano plazo para convertirse en un problema de gestión inmediata. Ese fue el eje que atravesó la 16ª sesión plenaria del Congreso de Intendentes, realizada el jueves 20 de agosto en Montevideo, donde los jefes departamentales recibieron al director del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque.
El Sinae presentó escenarios construidos a partir de los episodios de 2015-2016 y 2023-2024. La hipótesis de trabajo contempla afectaciones en buena parte del territorio, con una primera estimación máxima de unas 25.000 personas impactadas y episodios de lluvia que podrían alcanzar acumulados de 500 milímetros en 30 días. Presidencia informó además que los eventos de mayor intensidad se esperan entre setiembre y noviembre y que existe una probabilidad elevada de que las condiciones asociadas a El Niño se prolonguen hasta los primeros meses de 2027.
El antecedente más reciente permite dimensionar por qué el tema ocupa ya un lugar central en la agenda pública. Entre octubre de 2023 y mayo de 2024, Uruguay atravesó una sucesión de inundaciones y tormentas severas que dejó 16.512 personas desplazadas, 4.432 evacuadas y 6.249 viviendas afectadas, según el propio Sinae.
Pero esta vez la preparación comenzó antes. El Estado activó líneas de financiamiento contingente por 750 millones de dólares, de los cuales 300 millones estarán disponibles en 2026 y 450 millones en 2027, mientras el Sinae avanza en la compra de equipamiento destinado a los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales.
La preocupación de los intendentes, sin embargo, no está centrada únicamente en la magnitud futura del fenómeno. Carlos Enciso, presidente del Congreso de Intendentes, puso el foco en lo que ya ocurre: seis departamentos registraban personas desplazadas y un relevamiento realizado ese jueves contabilizaba 1.740, de las cuales alrededor de 1.600 se encontraban en Treinta y Tres.
Ese dato cambia el sentido de la discusión. El problema no consiste solamente en disponer de refugios o atender evacuaciones. Después de cada episodio de lluvias intensas aparecen daños en caminos, viviendas, sistemas sanitarios, producción agropecuaria y redes de transporte. Para las intendencias, una emergencia hídrica puede convertirse rápidamente en un problema presupuestal y logístico que continúa mucho después de que el agua comienza a bajar.
La advertencia encuentra respaldo en las tendencias oficiales. Inumet indicó para el trimestre agosto-setiembre-octubre una probabilidad superior a la normal de precipitaciones en el noreste del país, mientras los informes climáticos de julio ya señalaban una transición firme hacia condiciones de El Niño y una alta probabilidad de persistencia durante 2026.
El desafío será, por tanto, territorial. Los impactos no serán iguales en todos los departamentos ni ocurrirán al mismo tiempo. Las zonas del norte aparecen entre las más expuestas, pero la planificación oficial contempla una eventual afectación mucho más extensa. Eso obliga a coordinar respuestas nacionales y departamentales, pero también a anticipar un segundo momento menos visible: la recuperación de caminos, viviendas, servicios y actividad productiva.
En ese sentido, la reunión del Congreso de Intendentes marca algo más que una instancia de información. Muestra que el Estado comenzó a organizar recursos bajo la hipótesis de una emergencia prolongada.
Y esa es probablemente la principal diferencia respecto de episodios anteriores: esta vez la discusión no empieza después de la inundación. Empieza mientras el fenómeno se instala y cuando algunos departamentos ya están atendiendo sus primeras consecuencias.