La creación de una Universidad de la Educación puede modificar profundamente la formación de maestros y profesores en Uruguay. Pero el debate que comienza no debería agotarse en una nueva institucionalidad ni en otorgar rango universitario a estructuras existentes. La pregunta más exigente es otra: qué condiciones necesita la formación docente para convertirse efectivamente en universidad.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo propone una institución pública y autónoma, con enseñanza, investigación y extensión en todo el territorio. Su aprobación, además, exige un acuerdo político amplio: la Constitución establece una mayoría de dos tercios de los componentes de cada Cámara para crear un nuevo ente autónomo.
Ese escenario fue uno de los ejes de una conversación en Radiolugares entre el director del Instituto de Formación Docente (IFD) de Carmelo, Daniel Muñoz, y el académico Daniel Jorajuría. Allí apareció una discusión que probablemente acompañará todo el proceso: una universidad no se define solamente por los títulos que entrega, sino por su capacidad para producir conocimiento.
El punto crítico: investigar requiere tiempo y recursos
Muñoz sostiene que la formación docente no parte de cero. Existen experiencias de investigación, trabajos finales de estudiantes, actividades de extensión y espacios curriculares destinados a formar en metodología de investigación. El problema, reconoce, es que todavía falta consolidar esas prácticas, sistematizarlas y generar condiciones laborales que permitan investigar.
La evidencia académica respalda buena parte de ese diagnóstico. Un estudio publicado en 2022 sobre investigación en la formación docente uruguaya encontró actividad investigadora, pero también dificultades para publicar resultados, escasas oportunidades de formación, condiciones laborales insuficientes y problemas para trabajar en redes.
Ahí aparece uno de los riesgos del proyecto: crear jurídicamente una universidad antes de construir plenamente las condiciones materiales de la vida universitaria.
Investigar necesita docentes con horas destinadas a producir conocimiento, equipos estables, financiamiento, posgrados, publicaciones, cooperación académica y evaluación. Cambiar el nombre de una institución puede resolverse mediante una ley; desarrollar una cultura universitaria requiere años.
¿Una nueva universidad o una mayor integración con la Udelar?
Jorajuría introduce una objeción que merece formar parte del debate: si Uruguay ya posee una universidad pública con tradición de investigación, estructuras académicas consolidadas y producción de conocimiento sobre educación, ¿por qué crear otra institución en lugar de integrar más estrechamente la formación docente a la Universidad de la República?
La pregunta no supone desconocer la tradición de los institutos de formación docente. Precisamente allí está la tensión más interesante. Los IFD poseen una experiencia específica en didáctica, práctica docente y formación profesional que la futura universidad debería preservar. La Udelar, por su parte, dispone de estructuras consolidadas de investigación, extensión y formación de posgrado.
No necesariamente son modelos incompatibles.
De hecho, la propia Udelar ha planteado fortalecer la cooperación mediante movilidad de estudiantes y docentes, equipos conjuntos de investigación, unidades académicas interinstitucionales y posgrados compartidos. Ya años atrás había propuesto que una futura institución universitaria de educación contemplara titulaciones conjuntas, grupos de investigación compartidos y circulación de estudiantes entre instituciones.
Por eso, quizá la discusión más productiva no sea Universidad de la Educación versus Udelar, sino cuánto puede aprovechar la nueva institución el conocimiento acumulado por ambas tradiciones.
La titulación es otra discusión
El debate se vuelve más confuso porque ocurre simultáneamente con el plan destinado a docentes que ejercen sin haber culminado su formación.
Son asuntos distintos.
ANEP informó que más de 6.000 estudiantes de profesorado trabajan actualmente en educación media sin haber obtenido el título. El Programa de Apoyo al Egreso comenzó atendiendo a quienes tienen hasta cinco asignaturas pendientes y para 2026 está prevista una segunda etapa destinada a docentes con más de ocho años de ejercicio, mediante mecanismos de reconocimiento de trayectoria y experiencia.
Muñoz señala que esta política genera resistencias entre estudiantes y docentes y advierte que mezclarla con la creación de la universidad termina superponiendo dos discusiones diferentes.
La cuestión de fondo es delicada: reconocer experiencia profesional puede ser razonable, pero ese reconocimiento deberá garantizar que el título conserve exigencias académicas equivalentes y que quien completó toda la carrera no resulte perjudicado frente a otras vías de titulación.
La universidad que todavía hay que construir
La Universidad de la Educación puede representar bastante más que un cambio administrativo. Puede transformar a los institutos del interior —también al de Carmelo— en espacios donde no solamente se formen docentes, sino donde se investiguen los problemas educativos de cada territorio y se produzca conocimiento desde ellos.
Pero eso exige presupuesto, investigadores, carreras académicas, posgrados, publicaciones, redes nacionales e internacionales y tiempo institucional dedicado a pensar.
Allí está probablemente el examen más difícil del proyecto.
Uruguay puede aprobar por ley una Universidad de la Educación. Lo que ninguna ley puede garantizar por sí sola es que esa institución se convierta en universidad en el sentido académico más profundo del término.
Ese resultado dependerá de lo que ocurra después: cuánto se invierta, qué lugar ocupe la investigación, cómo dialogue con la Udelar y la UTEC, qué autonomía académica tenga y qué oportunidades encuentren los institutos del interior.
La votación parlamentaria, entonces, no será el final del proceso. Será apenas su comienzo.