La Intendencia de Colonia entregó en el día de ayer el informe de la consultora Price y hoy lo distribuyó a todos los medios de comunicación.
Son 167 páginas, el universo analizado comprende en una primera etapa aproximadamente 160 trabajadores contratados y 750 funcionarios presupuestados de la administración del Dr. Walter Zimmer. En esta nota desarrollaremos la detección de acciones administrativas que vinculan a personal de la intendencia. Pero hay más sorpresas.
Los ‘hallazgos’ vinculan temas relacionados con el pago de horas extras, otorgamiento de incentivos y otras partidas adicionales a los trabajadores. Renovaciones de contratos de función pública. La desaparición del expediente sumario instruido al anterior Director de Hacienda de la Intendencia de Colonia y cuestiones vinculadas a la organización administrativa.
Horas extras excedidas
El informe advierte por ejemplo que «de la documentación revisada se ha detectado el pago y autorización de una cantidad excesiva de horas extras a gran parte de los trabajadores contratados y presupuestados. Si bien los sueldos básicos en general no son altos, si a éstos se les adiciona las horas extras e incentivos otorgados ascienden a cifras que sobrepasan los $ 50.000 – $ 60.000 nominales al mes.» Según el documento «las horas extras abonadas exceden claramente los límites establecidos por la normativa vigente.»
Incentivos y renovaciones a último momento
También advierten que «se ha constatado una cantidad importante de incentivos y beneficios adicionales otorgados a varios trabajadores, fundamentalmente funcionarios presupuestados, muchos de los cuales no tienen justificación alguna. Dicha situación ha repercutido sensiblemente en los salarios de los trabajadores, así como también en la caja de la Intendencia.»
«Particularmente se detectó el otorgamiento de partidas por insalubridad a personas que no realizan trabajos considerados como insalubres conforme a la Resolución Nº 1270/2014 de la IC y diversos convenios internacionales aplicables, así como el otorgamiento de complementos de salarios sin justificación alguna, entre otras partidas.»
El estudio detectó que «durante los dos últimos meses anteriores al cambio de autoridades (9 de julio de 2015), se registraron una cantidad importante de renovaciones de contratos que obligan a la intendencia durante la gestión en curso.»
Esta situación responde las preguntas que desde hace un tiempo se viene haciendo la oposición, en realidad del estudio de la situación surge que «esto ha determinado que la intendencia deba respetar los plazos contractuales vigentes de decenas de trabajadores, abonando mensualmente cifras considerables.»
Al día hoy existen aproximadamente 250 funcionarios contratados y presupuestados con haberes mensuales superiores a $ 50.000 nominales, señala el informe.
La investigación detectó 160 legajos con sus respectivos contratos que debieron ser renovados en mayo, junio de 2015, la consultora sugirió respetar los mismos, atendiendo quizás a la posibilidad de futuros juicios laborales, sin embargo sugiere «que en caso que la Intendencia entienda pertinente no renovar los mismos, proceda a notificar dicha decisión con una antelación no inferior a dos meses contados desde el vencimiento contractual acordado, así como que la resolución que disponga la no renovación se encuentre en todos los casos suficiente y adecuadamente motivada. «