Investigan denuncia en mercado de la cerveza local.

La empresa Milotur SA, filial uruguaya del grupo chileno CCU, presentó en junio una denuncia contra la empresa Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) por violación a la normativa sobre libre competencia vigente en Uruguay.

Por ello, la empresa que comercializa agua mineral Nativa, los refrescos Nix y tiene la distribución exclusiva de las marcas de cerveza Heineken y Schneider, elevó una acusación ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, un órgano desconcentrado que depende del Ministerio de Economía y Finanzas.

Según informaron fuentes al tanto del caso, en su denuncia, la empresa Milotur señala que en un mercado «muy concentrado» donde FNC se acerca «a un cuasimonopolio», ha celebrado «contratos de exclusividad» con diversos comercios, que apuntan a «excluir a sus productos de la posibilidad de ingresar al mercado». A cambio, premia a aquellos comercios que vendan solamente los productos de FNC en el segmento de cervezas.

Asimismo, el grupo chileno señaló que en aquellos lugares donde ambas empresas tienen presencia, también se verificaba una práctica tendiente «a la restricción de sus ventas, como lo es la exclusión de la refrigeración» de los productos.

«La compañía cumple con las normas vigentes y ya presentó los descargos correspondientes. Como siempre, confía en las autoridades y se encuentra a disposición de las mismas», dijeron fuentes de FNC.

La Comisión de Competencia dio ingreso al caso, dando lugar a la formulación de descargos por parte de la empresa denunciada, que negó incurrir en ilegalidades al señalar que esos contratos de exclusividad «son legítimos» y que no tienen vinculación alguna con la decisión de algunas grandes superficies en lo que llaman «la exclusión del frío», revelaron las fuentes.

El comisionado de Defensa de la Competencia Javier Gomensoro reconoció la existencia del expediente pero manifestó que el mismo tenía «carácter reservado hasta el final de la investigación, momento en el cual se harían públicas las conclusiones de la oficina sobre este caso».

Fuente: El Observador.

Salir de la versión móvil